Marcha atrás en la ruta contra la violencia de género en Nicaragua

La batalla contra la violencia que sufren las mujeres en el mundo es desigual. Se avanza, pero hay que estar vigilantes para conocer los lugares y momentos en los que también hay retrocesos en la lucha contra la violencia de género que hay que frenar, como los que ha detectado en Nicaragua una investigación de la Red de Mujeres Contra la Violencia, socia de Alianza por la Solidaridad.

En Nicaragua, Alianza trabaja con la Red de Mujeres en el fortalecimiento de sus capacidades  y en la promoción de cambios incidencia política.  Así como la movilización de recursos para que puedan llevar a cabo las acciones que se han propuesto en su planificación estratégica.

Fruto del esfuerzo de la Red en el país centroamericano fue la promulgación en 2012 de la Ley 779, como se conoce la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Hablamos de un país de 6 millones de habitantes en el que 75 mujeres murieron por violencia de género en 2014. El equivalente a 500 víctimas mortales en un país de 40 millones de habitantes, como es España.

Y sólo ocho de los asesinos han sido condenados, al término de la investigación.

Reformas regresivas contra la violencia de género

El gran avance que supuso esta Ley 779 para frenar estas cifras, ha sufrido después un varapalo con las reformas de esta ley, aprobadas en septiembre de 2013, así como con un reglamento y por cambios en la normativa relativa a la familia. Son modificaciones que vuelven a poner trabas a las nicaragüenses para salir del círculo de violencia.

En el estudio elaborado por la socia de Alianza por la Solidaridad, con la participación de 90 mujeres, algunas de ellas líderes de organizaciones, se recuerda que la Ley 779 autorizaba a las comisarías y fiscalías, a las que acuden víctimas de agresiones, para que pudieran decretar directamente medidas precautelares en un máximo de 20 días, un paso fundamental para salir de su situación. Las nuevas normativas, no sólo eliminan ese plazo, sino que pone a las Comisarías de la Mujer y la Niñez, que se habían creado, en un segundo plano. Antes, las denunciantes deberán acudir a la Consejería Familiar Institucional.

El informe revela, en definitiva, que las nuevas normativas vulneran la propia legislación nicaragüense, invisibilizan la violencia como delito, impiden a la mujer salir de su círculo de agresiones y, además, involucran a mediadores, como pueden ser los líderes religiosos, que se interponen entre la víctima y la Justicia, con la intención de evitar sanciones en las diferentes expresiones de violencia, que pueden ser físicas o psicológicas.

Alianza y la Red de Mujeres contra la Violencia consideran fundamental aunar esfuerzos para contrarrestar estos impactos en las vidas de las mujeres del país centroamericano, con estrategias que van desde la intervención con las víctimas, en las comunidades, con las organizaciones sociales y frente al Estado.

Asimismo recomiendan denunciar su situación ante instituciones internacionales, como la ONU o la Organización de Estados Americanos (OEA).

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