Estudio en Bolivia: Violencia contra las Mujeres en Tiempos de Covid-19

Producto de la emergencia sanitaria acontecida en 2020, las profundas desigualdades se exacerbaron, visibilizando y determinando, además, el valor diferenciado de la vida. Si bien los impactos producidos por el contexto COVID-19 comenzaron a estudiarse desde diferentes perspectivas y sobre temáticas diversas, resulta ineludible escudriñar sus efectos en la vida de las mujeres, principalmente, en relación a la violencia sobre sus cuerpos.

Alianza por la Solidaridad-ActionAid con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Generalitat Valenciana ha desarrollado el estudio: “Violencia contra las Mujeres en Tiempos de Covid-19. Estudio en nueve municipios de Bolivia”; en el marco de los proyectos que implementa  junto a la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL), el Centro de la Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPM Gregoria Apaza), el Centro Juana Azurduy y al Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI).

Dicho estudio ha sido presentado públicamente en la ciudad de La Paz el 30 de noviembre de 2021. La presentación se realizó en modalidad presencial y virtual, con el propósito de compartir los principales hallazgos del estudio que, desde una perspectiva feminista e interseccional, visibilizar las voces y experiencias de mujeres de nueve municipios de Bolivia; sus perspectivas, demandas y propuestas en el contexto de la crisis sanitaria, frente a las medidas gubernamentales asumidas y a la vulneración de su derecho a vivir libres de violencia.

¿Qué significó el #QuédateEnCasa para las mujeres?

El #QuédateEnCasa ignoró por completo que la casa patriarcal es el lugar más letal para las mujeres. Los gobiernos centraron sus esfuerzos en proteger a la población de la COVID-19, pero no consideraron la flagrante violencia en espacios privados como el hogar.

“El #QuédateEnCasa ha significado convivir con el agresor 24 horas al día, siete días a la semana, en muchos casos. El #QuédateEnCasa ha significado violencia sexual para mujeres y niños, que no ha podido ser denunciada”, destacó Helga Cauthin, una de las investigadoras del estudio.

De igual forma, otra de las investigadoras, Claudia Calsina, sostuvo que para afrontar el Covid-19 en Bolivia no se han tomado medidas que tomen en cuenta un enfoque de género e intercultural. “No se ha hecho un plan de violencia, un plan de atención y prevención de la violencia hacia las mujeres. Hemos identificado una serie de barreras y dificultades para el acceso de las mujeres y también para quienes han hecho un acompañamiento silencioso a los servicios estatales”.

Recomendaciones destacadas del estudio

  1. En contextos de emergencia, como los derivados de la COVID-19, el Estado debe transversalizar el enfoque de género, intersectorial e intercultural en las medidas estatales, en consideración de la diversidad étnica, cultural, lingüística y geográfica del país, así como la distinta situación de las mujeres.
  2. Se debe implementar un plan específico para atender la violencia contra las mujeres, asignando recursos suficientes y garantizando el acceso a los servicios de atención de violencia, de salud y otros, para las mujeres y sus dependientes.
  3. Los servicios de atención a mujeres en situación de violencia son servicios esenciales; en contextos de emergencia sanitaria, deben ser identificados como tales. Además, se debe garantizar su acceso, más aún, cuando se disponen medidas de restricción. La movilización para las mujeres en situación de violencia debe ser prioridad, cumpliendo además los principios de la ley 348, como el de la informalidad.
  4. Las instancias de promoción y recepción de la denuncia deben desarrollar estrategias y herramientas para fortalecer el vínculo y la comunicación con las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, activistas, promotoras comunitarias, lideresas, líderes y dirigentes de barrios que permitan articular la lucha contra la violencia de manera efectiva.
  5. Se deberá fortalecer el rol de la justicia indígena originaria y campesina y de sus autoridades respecto a la violencia contra la mujer. Asimismo, es importante la presencia de la justicia ordinaria en las zonas rurales, sobre todo, para la atención de casos de violencia sexual, feminicidio y delitos análogos.

Desde Alianza por la Solidaridad reafirmamos su compromiso en la lucha por la garantía plena de los derechos de las mujeres y espera que este documento contribuya a incluir un análisis de género, derechos humanos, intercultural e interseccional frente a contextos de emergencia sociosanitaria o de otra índole, y a mejorar la respuesta estatal frente a la violencia contra las mujeres y frente a las desigualdades que han quedado en evidencia en este contexto pandémico.

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