VIOLACIÓN con todas las letras
Vivo instalada en la indignación desde que el jueves 26 de abril se ha dado a conocer la sentencia de La Manada. Algunas dirán que “se veía venir”, que ese retraso para dictar el fallo judicial –el juicio fue en noviembre- no presagiaba nada bueno. Pero a las agoreras no quería dar crédito. Después de que nos vieran a cientos de miles, y muchos cientos de miles, en las calles el pasado 8 de marzo, reclamando igualdad en el trato laboral y personal, exigiendo los mismos derechos, pidiendo Justicia, no podía ser que en el caso de una salvaje violación a cinco bandas de una joven en ‘shock’, tirada en el suelo de un portal, fuera a ser tan fielmente el espejo de esta sociedad patriarcal, el crudo reflejo de un país en el que el miedo se ha instalado en sus calles porque hoy nos sentimos menos protegidas que nunca.
Incrédula de mí, hasta el jueves, aún pensaba que hay límites que no se podían traspasar, que no había vuelta de hoja para entender que una violación no es otra cosa que una relación sexual no consentida y, por tanto, forzada, abusada, un DELITO de los que dejan mucha más huella, en toda una vida, que un tuit o una canción, que un chiste o una caricatura de un hombre vestido de marciano.
Ahora me parece absurdo tener que estar escribiendo lo evidente. Tan surrealista como la noticia que leía no hace mucho sobre el ‘protocolo’ que han desarrollado grupos de mujeres para protegerse en las fiestas de sus pueblos. ¿Acaso no pago mis impuestos para que los profesionales se encarguen de ello? ¿No abono mi IRPF para financiar un sistema que eduque en la igualdad? ¿No me descuentan de mis nóminas y mis facturas para ingresar los salarios de quienes deben garantizar que quien agrede no vuelva a hacerlo? Son preguntas que desde el jueves 26 están más en el aire y me intoxican de una insana rabia.
Es evidente que son demasiados fallos acumulados los que hay en esta sentencia. Desde luego la educación, pues es una realidad que el derecho a la igualdad, la historia del feminismo o la relevancia de muchas mujeres que –desde la ciencia, la política, las artes o la literatura – hicieron este mundo mejor, no están en los libros de texto. Otro, las leyes, como nuestro malhadado Código Penal. Ahora dice el Gobierno que hay que cambiarlo porque, de repente, hemos descubierto que una violación no es tal para nuestro sistema legal, que es un abuso. Y también hemos descubierto que para ese código una cosa es ‘intimidación’ y otra es ‘prevalidación’, algo así como sometimiento a la superioridad del agresor. Lo pongo textualmente del fallo por si alguien aún no lo ha leído:
“…Estimamos que los procesados conformaron de modo voluntario una situación de preeminencia sobre la denunciante, objetivamente apreciable, que les generó una posición privilegiada sobre ella, aprovechando la superioridad así generada para abusar sexualmente de la denunciante, quien de esta forma no prestó su consentimiento libremente sino viciado, coaccionado o presionado por tal situación”.
Seguro que ahora muchos se explican por qué de las ocho violaciones diarias que hay en España apenas nos enteramos de una, o ninguna.
Pero hay más, porque al fallo de la ley se suma una interpretación judicial tan perversa que no tiene más explicación posible que una nula formación en lo relativo a lo que es violencia sexual contra una mujer. No tienen ni una remota idea de lo que siente una mujer, da igual la edad, cuando sin dar su consentimiento, en sus plenas facultades mentales, es usado su cuerpo como un cubo donde echar su semen, un trozo de carne que manosear, un rostro que llenar de babas. Perdón por la crudeza, pero es lo que es.
Así que, en mi opinión, no sólo hay que cambiar las leyes (a saber cuántas violadas dejarán de denunciar después de esto hasta que cambie, si lo hace) sino que, hay que cambiar jueces, y a los que queden habrá que darles una formación intensiva –no vale un cursillo ‘on line’ de unas horas- sobre lo que es violencia de género, sobre lo que es una relación sexual forzada, formaciones que incluyan entrevistas a niñas violadas, a adolescentes violadas, a mujeres de apenas 18 violadas y a las que ya pasan los 50 y también son violadas, incluso por sus propias parejas cuando ‘ellas no quieren’.
Y añado: que un juez, como Ricardo González, pida la absolución en un caso como éste, debería ser un ejemplo de causa para la inhabilitación de una persona para impartir Justicia, porque en otro caso es ‘otro error’ a sumar a esta lista interminable de despropósitos.
Que algunos de los condenados sigan recibiendo casi toda su paga, de las arcas públicas, es otra afrenta inadmisible a la dignidad de quienes pagamos nuestros impuestos para que vayan a otro lugar; por ejemplo, al Plan contra la Violencia de Género al que el Gobierno dedica en los presupuestos de este año apenas 80 millones de euros, cuando el compromiso adquirido era de 200.
Apenas dos horas después de conocer la sentencia, Lina, una ecuatoriana que cose bajos de pantalones en mi barrio, me decía escondiendo su mirada: “Mire usted, así es aquí la Justicia en estos asuntos. Yo no creo en ella desde que pedí una orden de alejamiento de mi marido porque me pegaba y me la negaron, me dijeron que me tranquilizara y me fuera a casa”.
Por Lina, por la víctima de La Manada, por nosotras mismas y por todas las demás, no nos podemos callar hasta que la Justicia sea igual para todas nosotras.
Hasta que ni un solo juez nos niegue que no consentir es una violación.
Con todas las letras.
FIRMA CONTRA LA CULTURA DE LA VIOLACIÓN
Lo más grave no es que esos descerebrados sigan cobrando parte de sus sueldos sino que en la sentencia no se haya contemplado que esas dos personas no pueden volver a ejercer un trabajo de servicio público.. que tienen que ser INHABILITADOS para ser militar o guardia civil.. son una vergüenza para esos cuerpos y un peligro público