Rosa M. Tristán

 La ONG, que trabaja en derechos sexuales en América Latina, destaca que hay avances, pero aún queda mucho por hacer para evitar discriminaciones

Alianza por la solidaridad, como motivo de la manifestación del Orgullo LGTBI que tendrá lugar este sábado en Madrid, denuncia la situación de acoso y violencia homófoba que persiste en muchos países de Latinoamérica, que obliga a muchos gays, lesbianas y transexuales a tener que salir de sus países de origen en busca de entornos menos opresivos para su realidad sexual. Si bien se detectan avances legales en algunos países, aún sólo cuatro de los 20 de América Latina tienen reconocido en igualdad de condiciones el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo: Ecuador, Argentina, Colombia, Brasil. A ellos se suma el caso de Ciudad de México y el reconocimiento a la unión civil de personas del mismo sexo en Chile.

En conmemoración de hechos de Stonewall Inn, del 28 de junio de 1969, cuando un grupo de trans, lesbianas y gays se resistieron a la violencia policial, también en Latinoamérica y Caribe se aprovecha esta fecha para reivindicar el Orgullo LGTBI, y desarrollar las movilizaciones  en demanda de la igualdad de derechos, el respeto a la libertad y a la diversidad.

Alianza recuerda que si bien en el Consenso de Montevideo de Población y Desarrollo de 2013, los Estados se comprometieron a desarrollar políticas y programas tendientes a erradicar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el ejercicio de los derechos sexuales y su manifestación, aún quedan muchos restos pendientes que ponen en riesgo la integridad de las personas LGTBI.

Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce los avances en los últimos años,  y prueba de ello es que en toda Latinoamérica la homosexualidad está despenalizada (hay algunos países caribeños todavía es ilegal como Jamaica y Guyana). Sin embargo, si bien hay leyes contra su discriminación e incluso se extiende el matrimonio de parejas del mismo sexo (el último caso en Ecuador), se comprueba que este reconocimiento no es suficiente porque no hay una aplicación efectiva de  estas normativas en la vida de las personas.

Alianza recuerda que estos avances normativos son consecuencia de la lucha de la población LGTBI, avances que fueron acompañados por amenazas de regresión y retrocesos impulsados por sectores homófobos anti-derechos que han crecido y proliferado en las sociedades latinoamericanas, hasta el punto de influenciar los órganos e instancias gubernamentales. Especialmente preocupante es la situación de las personas transexuales.

La realidad es que los Estados no disponen de estadísticas fiables que reflejen la verdadera dimensión de la discriminación sufrida por las personas LGBTI en el continente americano, lo que invisibiliza sus necesidades y facilita la subsistencia de estereotipos y prejuicios que contribuyen a perpetuar una situación histórica de estigma y exclusión.  La ausencia de datos conlleva, así, muy poca atención en las  políticas públicas nacionales a estas personas.

Los últimos datos recogidos señalan que al menos 594 personas LGBTI  (percibidas como tales) fueron asesinadas entre enero de 2013 y marzo de 2014 y que en ese período al menos 176 fueron víctimas de graves ataques contra su integridad física, aparentemente relacionados con su orientación sexual o su identidad o expresión de género, según un informe de la CIDH. Es decir, más de  770 actos de violencia en 25 países americanos (Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela).

Alianza por la Solidaridad recuerda que existe un fuerte vínculo entre pobreza, exclusión y  violencia y que las personas LGBTI que viven en la pobreza son más vulnerables al acoso policial y en consecuencia a tasas más altas de criminalización y encarcelamiento por su orientación sexual.

Desde Alianza por la Solidaridad se trabaja desde hace más de 20 años en este continente y otros combatiendo el machismo y un sistema patriarcal que subordina y violenta, especialmente a las mujeres y a la población LTGBI. “Es necesario seguir avanzando en la garantía de derechos de las personas LTGBI y erradicar las diversas formas de discriminación desde las sociedades y desde los Estados. Los compromisos asumidos a nivel regional e internacional deben concretarse en políticas nacionales y presupuestos encaminados a la búsqueda de la igualdad. En este sentido, es fundamental una educación sexual laica y en ciudadanía y respeto a las diversidades sexuales que acabe con la LGTBIfobia”, apunta Gioconda Dieguez, coordinadora de los proyectos en Bolivia.

Precisamente, el informe de la CIDH observa con preocupación la persistencia de la violencia y la discriminación contra estudiantes y profesionales LGBBI en el sector educativo y la necesidad de establecer mecanismos eficaces de prevención, protección y denuncia.