El pasado mes de agosto, durante la celebración de la Cumbre de París, Mariano Rajoy anunció en presencia del presidente francés, Emmanuel Macron, la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, una Cumbre en Madrid donde se abordaría migración ilegal y terrorismo para mediados de octubre o principios de noviembre.

Finalmente, esta Cumbre tuvo lugar el pasado lunes en Sevilla, donde se han reunido los ministros de interior europeos del G6: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y España y altos representantes de Marruecos y la Unión Europea. De su contenido tenemos noticia por la nota de prensa difundida por el Ministerio del Interior tras la Cumbre.

Desde Alianza por la Solidaridad creemos que la Cumbre continúa con las principales apuestas de la política migratoria europea, que hasta ahora no se han demostrado ni eficaces ni justas. Por una parte, se continúa avanzando en la externalización de las fronteras, con el fin de evitar que los dramas humanos y violaciones de derechos humanos que suceden durante el proceso migratorio,  ocurran en territorio europeo y sean visibles para la opinión pública europea. La externalización de fronteras también va acompañada de una militarización de algunas  fronteras africanas en zonas tradicionales de transito de rutas migratorias.

La estrategia de externalización, ya utilizada por España con Marruecos y por la UE con Turquía, ha demostrado que, cerrada una vía de acceso se abre o se utiliza otra, tal y como está ocurriendo ahora con la frontera entre Italia y Libia, sin por ello conseguir la reducción de flujos, ni de las muertes en el Mediterráneo, ni el control sobre las mafias de trafico de personas.

Asimismo, las violaciones de los Derechos Humanos en estas fronteras siguen siendo practica común, no solo a causa de las denominadas “devoluciones en caliente” , prohibidas por la Convención de Ginebra de 1951 como garantía imprescindible del derecho de asilo, sino también por las numerosas agresiones y vejaciones documentadas por Amnistía Internacional, Migreurope y de APHDA.

En paralelo, la UE y sus miembros apenas han avanzado en poner en marcha suficientes canales legales y seguros para migrar y lo que vislumbran algunas de sus contribuciones iniciales al Pacto Mundial sobre Migración, que será aprobado en 2018, son apuestas para permitir el retorno forzoso de personas migrantes y la legitimación de la “represión” y criminalización de la migración irregular.

En segundo lugar, el constante vinculo entre control de fronteras y promoción del desarrollo en origen induce a importantes confusiones, como si ambas políticas fueran complementarias y equivalentes. Las políticas de desarrollo sostenible tienen efecto a medio y largo plazo y requieren una buena articulación entre financiación adecuada, Estados capaces de liderarlas e implementarlas y reglas internacionales que garanticen, por ejemplo, la soberanía alimentaria, el respeto a los Derechos Humanos y a los Derechos de las Mujeres o la mitigación y adaptación al cambio climático. Sin embargo,  las políticas de control de fronteras y lucha contra el terrorismo pueden tener un efecto inmediato y a menudo se basan en procesos de militarización como el FRONTEX. En estas políticas son actores clave los servicios de inteligencia y las empresas de seguridad y se apoyan en el comercio de armas y otros elementos que difícilmente están conectados con el desarrollo sostenible. Hacer compatibles y coherentes ambas políticas resulta complejo o prácticamente imposible, si no se establece una clara jerarquía entre políticas, en la que el Desarrollo Sostenible se vuelve la política principal y dominante.

Finalmente, la combinación de la agenda migratoria con la lucha contra el terrorismo contribuye directamente a la criminalización de las personas migrantes, refugiadas y racializadas, creando un relato donde  se las presenta  como sospechosas solo por su origen. En un contexto como el actual en Europa, donde hay un crecimiento importante de opciones políticas explícitamente xenófobas y racistas y una mayor sensación de vulnerabilidad por los últimos atentados terroristas sucedidos, vincular migración con terrorismo es políticamente irresponsable.  Los datos lamentablemente avalan esta tensión. Sólo en 2016 hubo 573 ataques islamófobos en el Estado español, lo que supuso un incremento del 106’12 %, respecto al año anterior, según la Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia. En otro informe presentado recientemente por SOS Racismo se recogen 309 denuncias en 2016, un 25% más que el año pasado, de las que la mayoría hacen referencia a la discriminación sufrida por las personas migrantes en las instituciones públicas españolas.

A pesar de que no se hicieron públicos con antelación los detalles concretos de la reunión de los ministros de interior, la respuesta social se articuló sobre la marcha bajo el hashtag #CumbreCriminal, que se situó entre los primeros 10 trending topics durante todo el día lunes, mostrando que una parte importante de la sociedad europea está en contra de la Europa Fortaleza y del peligroso binomio que migraciones y terrorismo hacen.