| Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos, la ONG Alianza por la Solidaridad hace un llamamiento contra el aumento de la persecución de las personas líderes en la defensa de estos derechos humanos que está teniendo lugar en América Latina, que hoy es la región con más personas agredidas y criminalizadas por su activismo, y especialmente de los países de Centroamérica, donde están teniendo lugar fallos judiciales cuyo último fin es de impedir que las comunidades se organicen y movilicen contra grandes proyectos empresariales, con implicación de compañías transnacionales, bajo las amenazas de prisión y que conllevan una criminalización que, en algunos casos, acaba en asesinatos y otras agresiones.
Alianza por la Solidaridad hace hincapié en el impacto que todo ello tiene, especialmente, en las mujeres defensoras que cada vez se implican más en las luchas por su territorio y sus recursos naturales. Según datos del Registro Mesoamericano de Agresiones recabados en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, sólo entre 2015 y 2016 hubo 2.197 agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos, lo que supone un incremento de 30% respecto al periodo anterior.
Recientemente, la Relatora Especial de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, recordaba que estos casos de criminalización y violencia surgen, casi siempre, cuando los pueblos indígenas manifiestan su oposición a proyectos empresariales de gran envergadura.
Especialmente grave es la situación de los defensores de los derechos humanos en Guatemala, donde entre enero y junio se han documentado 18 asesinatos y 135 agresiones. En este país, la actual intensificación de las agresiones contra estas personas está fundamentada en la total falta de respeto por los derechos colectivos sobre la tierra de los pueblos indígenas, reconocidos a nivel internacional.
Alianza por la Solidaridad denuncia que crímenes y agresiones generalmente quedan impunes, mientras los defensores sufren una creciente represión política y judicial, acusados de ir contra el desarrollo del país, de terrorismo y de falsos delitos con los que intentan frenar su lucha. Casos como el asesinato de la hondureña Berta Cáceres en 2016, en cuyo juicio han quedado impunes los responsables últimos, son un claro ejemplo de esta impunidad con la que actúan las empresas, con la cobertura de los gobiernos.
La criminalización y condena del líder maya q’eqchí guatemalteco Bernardo Caal Xol es otro caso emblemático. Caal Xol, que se ha enfrentado a grandes obras hidroeléctricas –Oxec y Renace- sobre el río indígena Cahabón (Alta Vereapaz) ha sido condenado a siete años y cuatro meses de cárcel por delitos infundados, acusado por empleados que trabajan para la empresa Oxec. Llevaba en la cárcel de Cahabón, en prisión provisional, desde enero, donde aún continúa. Su SENTENCIA, como la del juicio por el asesinato de Berta Cáceres, es un caso paradigmático de cómo los sistemas judiciales están al servicio de los intereses de los grupos de poder.
Para la organización es urgente que el Gobierno ponga en marcha las medidas recogidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas, aprobado en agosto de 2017, del que no hay novedades desde entonces. Para Alianza por la Solidaridad, un plan en un papel, sin acciones de ningún tipo, no va a impedir que empresas españolas sigan vulnerando derechos humanos en diferentes países, especialmente de América Latina, donde hay un gran volumen de negocio a nivel bilateral y multilateral. Por ello exige que el Gobierno español sea proactivo y tome la iniciativa para hacer que las empresas españolas respeten los Derechos Humanos en sus actividades en el exterior.
Alianza por la Solidaridad continúa recogiendo firmas de apoyo a la libertad de Bernardo y mantiene activa su campaña TieRRRa por las inversiones responsables, con la que busca poner de manifestó la necesidad imperiosa de que las empresas respeten los derechos humanos en cualquier lugar donde realicen sus inversiones. |
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