«Nosotros en las comunidades no tenemos conciencia del daño que estas empresas nos están causando y por eso no le damos importancia», explica Milagros Guevara. «Ya nos está afectando, porque la Coca Cola es la que consume más agua y en muchas comunidades de Nejapa no tenemos servicio de agua potable ni un día».

Milagros es una de las afectadas por la sobre explotación del acuífero por parte de la embotelladora de Coca-Cola en El Salvador y una de las protagonistas del vídeo que ayer presentó Alianza por la Solidaridad en en encuentro sobre empresas y derechos humanos «Con los pies en la Tierra», que analizó en Madrid las estrategias para el uso equitativo de los recursos naturales.

Almudena Moreno, responsable de la campaña TieRRRa en Alianza por la Solidaridad reafirmó en el encuentro  la necesidad de presionar para que las empresas además de ser rentables sean responsables con el medio ambiente y expuso varios informes de la ONG sobre los impactos que las corporaciones españolas están teniendo en Centroamérica. «El papel del estado es fundamental para que vigile la actuación de las empresas,  porque tienen muchos más fondos para defenderse. Muchas organizaciones están muy criminizalizadas», afirmó.

Mónica Vargas, del Observatorio de la Deuda expuso, precisamente, las dificultades de abordar los impactos de las transnacioneales ante la dependencia material europea con los minerales y productos de los países del sur e hizo referencia a la importancia del Tribunal de los Pueblos y del mecanismo vinculante que se está estudiando en la ONU con oposición de Europa, EEUU y Japón. También comentó interesantes iniciativas de la sociedad  como una de la Federación Catalana de ONG que llevó al Parlamento Catalán los impactos en Guatemala de una empresa catalana.

La reducción del consumo y la mejora de la gestión de los residuos que generamos es el objetivo de la iniciativa que promueve EQUO, junto a los Verdes, en el Parlamento Europeo. Así lo expuso el europarlamentario Florent Marcellesi, haciendo hincapié en que no es posible conseguir un desarrollo sostenible sin rebajar los niveles de consumo: «Este crecimiento económico lleva al colapso ecológico. No se puede crecer infinitamente en un mundo finito», explicó.

El reciente Plan de Empresas y Derechos Humanos (que continúa dormido en los despachos) estuvo muy presente en la sala: «Nosotros tenemos más armas para actuar cuando hay marcos normativos», explicó Cecilia Denis, presidenta de Amnistía Internacional en Madrid. Una opinión que no fue compartida por todos los ponentes.

La voluntariedad sobre los marcos que regulan empresas y derechos humanos fue un punto destacado en el seminario. Y a ello hizo referencia Pedro Ramiro, del Observatorio de Multinacionales de América Latina, que fue muy crítico con el proceso de diálogo que el gobierno realizó con la sociedad civil  para preparar el Plan de Empresas y Derechos Humanos: «Los aportes de la sociedad civil no se admitieron, a diferencia de las aportaciones de las organizaciones empresariales. Si no hablamos de lo que importa: la obligatoriedad del cumplimiento, la necesidad de una responsabilidad de toda la cadena del producto, el debate no tiene sentido», explicó en referencia a las condiciones laborales y a los impactos ambientales de algunas empresas en los países del Sur.

Para Ramiro, la experiencia de la Responsabilidad Social Corporativa es un dudoso avance y ha supuesto un freno para conseguir que los acuerdos de empresas y derechos humanos sean vinculantes.