Desde 1987 el 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Como muchos otros días internacionales, no es tanto una ocasión para celebrar como una oportunidad para visibilizar el camino que nos queda por recorrer para que nuestros derechos sean una realidad. En este caso, el acceso universal de las mujeres a la Salud, entendida como “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

En 2017, en pleno siglo XXI, no hay una garantía universal de salud ni derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, que representan más del 50% de la población mundial. Tanto en el Norte como en el Sur Global perviven violencias institucionales como la falta de servicios seguros y legales para el aborto, la violencia obstétrica, la denegación de acceso a contraceptivos o la desprotección en casos de violencia sexual o de género.

Uno de los grupos especialmente afectados son las mujeres migradas o en movimiento, que cargan “mochilas de violencia”, generadas en origen, mantenidas en tránsito y perpetuadas en destino.

François Crépeau, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes, identifica en su último informe que la pobreza, la violencia, la discriminación y la mala gobernanza son, entre otros, factores que impulsan a la emigración. En el caso de las mujeres, esa violencia en origen incluye violencia doméstica, múltiples formas de abuso sexual y desempoderamiento económico, además de falta de acceso a recursos, a propiedades y empleo, así como invisibilidad en la mayoría de los espacios de toma de decisiones y en muchas de las políticas que les conciernen.

En el corredor migratorio del Magreb las mujeres en tránsito enfrentan múltiples situaciones que afectan a su salud. Según dos estudios de Alianza por la Solidaridad en Argelia y en Mauritania, las mujeres subsaharianas en movimiento están expuestas a actos de violencia múltiples –físicos, sexuales, psíquicos– que acompañan y estructuran cada etapa de su recorrido: registros corporales y de equipajes, tocamientos, violaciones, mercantilización de las prestaciones sexuales y otras humillaciones son diversos hechos cotidianos que exponen a las migrantes a una situación de sometimiento al orden arbitrario, estatal y masculino. De este modo, se convierte a las mujeres en sujetos vulnerables y dependientes, obligándolas a buscar protección en los hombres a través de mecanismos como los contratos temporales de matrimonio.

A pesar de ello, la imagen de la mujer víctima no es adecuada para describir la situación vivida por las migrantes. Aunque fuera y dentro de la pareja afrontan limitaciones, actos de violencia y reducción de su capacidad de actuación, toman decisiones y mantienen al menos una cierta autonomía sobre su vida y sus proyectos. Por ello, es necesario seguir reconociendo la capacidad de “agencia” de estas mujeres y no considerarlas como simples objetos víctimas de hechos sobre los que no tienen ninguna capacidad de respuesta o reacción, un estereotipo constante que persiste también en los países de destino.

Cabe decir que el concepto de “tránsito” incluye multiplicidad de situaciones temporales, y las distintas etapas del recorrido migratorio hacia Europa pueden llevar años, hasta el punto de que, en ocasiones, el tránsito se fusiona con el destino. En periodos de estacionalidad, uno de los principales problemas para las mujeres es la habitabilidad básica, donde las personas migradas viven desplazadas en determinados barrios, hacinadas en viviendas precarias y con escasas condiciones de salubridad e higiene, sometidas a los precios arbitrarios de propietarios que además evitan firmar contratos de alquiler, bajo el riesgo constante de expulsión con la connivencia de las autoridades policiales.

Para las mujeres resulta especialmente difícil acceder a la vivienda, especialmente cuando intentan hacerlo solas, pues son rápidamente identificadas como trabajadoras sexuales. Si llegan a conseguir que se les alquile un espacio, esa identificación ubica a la mujer en un constante riesgo de acoso, por parte del propietario o de otros hombres del entorno comunitario o vecinal.

La libre movilidad por el territorio urbano también les está, pues circulación a partir de determinadas horas de la tarde y noche por las calles de ciudades como Argel o Nouadhibou, implica exponerse al riesgo de agresión, acoso o violación, a veces llevados a cabo por la propia policía. Estas violencias tienen un efecto inmediato en la identidad de las mujeres, que pasan a auto percibirse y a ser percibidas como impuras e indignas de matrimonio o vínculos públicos y “legítimos”. Por ello, en Mauritania muchas mujeres eligen el silencio para evitar la triple exclusión de la comunidad de origen, el conjunto de personas extranjeras y la sociedad de acogida.

Esta percepción de las propias mujeres como impuras después de experiencias de agresión, las lleva a no considerar la utilización de métodos anticonceptivos en un contexto además en el que el llevar un preservativo encima es percibido por la policía mauritana como una prueba de prostitución. Ello hace que ni la prevención ni el cuidado de las Enfermedades de Transmisión Sexual sean una prioridad.

Por otro lado, bloqueadas en un sector que las coloca en un “fuera de la ley”, el miedo a la persecución, la detención y la deportación impide a las mujeres recurrir a mecanismos legales o judiciales, imposibilitando su defensa y reparación jurídica, e incluso, en lugares como Rabat en Marruecos, les lleva a evitar el contacto con las escasas organizaciones que prestan servicios a la población migradas.

La dificultad de acceso a la atención sanitaria también es una problemática de gran importancia para el conjunto de mujeres migradas. En Mauritania, la precariedad económica lleva a estas mujeres a acceder raramente a los servicios de salud. En Argelia, los migrantes tienden también a protegerse de la mirada comunitaria por miedo de que les etiqueten y aíslen como “enfermos”. El rechazo a la atención sanitaria en centros médicos también están vinculados con la actitud a menudo racista y discriminatoria del personal que les atiende, que identifican a las personas subsaharianas como portadoras de VIH/sida u otras enfermedades de Transmisión Sexual, marcando todas las experiencias de atención, incluido los embarazos y partos de las mujeres, lo que contribuye a convertir los centros de salud en un lugar considerado como peligroso, al que los migrantes únicamente se acercan en caso de necesidad imperativa, dejando de lado los cuidados preventivos.

En Marruecos la mayoría de mujeres no tienen acceso a contraceptivos ni a servicios de salud básicos. También existe una falta generalizada de acceso a servicios de cuidado prenatal, por lo que las mujeres se enfrentan a peligrosas condiciones en el momento del parto, que generalmente se produce en circunstancias graves de insalubridad. Las mismas carencias se dan en las interrupciones de embarazos no deseados, que en general se producen sin ninguna atención médica, ni previa ni posterior, y son auto inducidos.

Finalmente, la mayoría de personas migradas encuentran trabajo en el sector informal, fuera de la posibilidad de protección social, lo que les somete –como en el marco del alojamiento– a abusos de sus empleadores, así como a distintas formas de explotación. Las mujeres trabajan fundamentalmente en el sector doméstico, en condiciones prácticamente de esclavitud (largas jornadas de trabajo, sobrecarga laboral, ausencia de vacaciones, agresiones, acoso y explotación laboral, etc.). Otros sectores son la transformación de pescado (Mauritania), el comercio étnico, la costura, la mendicidad o el trabajo sexual.

La explotación y la violencia para estas mujeres no termina al llegar a Europa. El European Network of Migrant Women (ENOMW) identifica una falta de acceso básico a los derechos fundamentales en las fronteras de la Unión Europea y en los centros de detención, donde se detecta un número creciente de mujeres abusadas por trabajadores sociales y por guardas de seguridad. Asimismo, la masculinización del sector humanitario y del sistema de asilo es un factor clave que conduce a la revictimización sexual y la retraumatización de las mujeres.

Una vez establecidas en el Estado miembro “de destino” siguen expuestas a explotación, incluida la sexual, la trata, el racismo, la exclusión social y la violación de sus derechos al empleo y a la justicia.

En España, se reproduce la precariedad laboral, donde las mujeres migradas presentan un mayor número de horas trabajadas semanalmente, así como un mayor porcentaje de contratos temporales y de tiempo parcial, principalmente en actividades relacionadas con el empleo doméstico y otros servicios (cuidados, restauración, etc.).

Por otro lado, las mujeres migradas en España tienen, hasta el momento, un mayor índice de riesgo de ser víctimas de violencia de género que las mujeres españolas: un estudio realizado en 22 centros médicos de Atención Primaria de tres comunidades autónomas concluyó que un 65% de las mujeres migradas encuestadas había sufrido maltrato alguna vez en la vida, frente a un 30% de las españolas. Asimismo, de los 62 feminicidios que tuvieron lugar en España en el año 2015, en 23 casos las víctimas fueron extranjeras (un 37,09%). Es decir, las mujeres migradas, tienen cuatro veces más posibilidades de morir en un feminicidio que las mujeres españolas, en relación al porcentaje que suponen de la población (el 9,5% en 2016).

Las mujeres nacidas en el extranjero hoy en día acceden menos que las autóctonas a los servicios sociales o sanitarios destinados a las víctimas de violencia de género (psicólogos, médicos, abogados, teléfono de apoyo…). Lo hacen un 40,2% frente al 46,2% de las nacidas en España.

Cabe decir que especialmente precaria la situación de las mujeres migradas en situación irregular. En un estudio de diversas ONG, entre ellas Alianza por la Solidaridad, se destaca que, en el caso de estas mujeres “no se priorizan los mandatos de protección de los derechos humanos de las mujeres frente la obligación de control migratorio”. Es decir, a pesar de que la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 protege teóricamente a todas las mujeres en el territorio, sean o no ciudadanas reconocidas oficialmente, muchas mujeres tienen dificultades para acceder a garantías legales, y el miedo a la expulsión hace que eviten denunciar (incluso aconsejadas por sus abogados).

Este mismo informe menciona cómo el Real Decreto de Ley 16/2012 supuso la retirada de tarjeta y asistencia sanitaria a multitud de personas migradas en todo el Estado, lo que dificulta que muchas víctimas de violencia de género extranjeras accedan a servicios de salud.

En el caso de las mujeres en situación administrativa irregular, la exclusión sanitaria existente en España (excepto en unas pocas comunidades autónomas que atienden a la población con independencia del origen y situación administrativa), puede terminar llevándolas a centros clandestinos o técnicas peligrosas por no poder costearse una interrupción voluntaria del embarazo en una clínica privada acreditada, o por miedo a que sean denunciadas y expulsadas. Y no cuentan en muchos casos ni con una red social de apoyo ni con la información oportuna en cuanto a su acceso a derechos. El ámbito privado de algunos empleos, como el de las trabajadoras del hogar y trabajadoras sexuales, invisibiliza y agrava esa vulnerabilidad.

Recordábamos al inicio del artículo que el 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. La parte de la “Acción” requiere que tomemos medidas para que en los próximos años la plena salud de las mujeres sea una realidad, incluidas aquellas en situación de mayor vulnerabilidad como las mujeres migradas y en movimiento. Por ello, desde Alianza por la Solidaridad nos parece especialmente relevante que el estado adopte las siguientes recomendaciones:

• La puesta en marcha de un Pacto de Estado y leyes integrales que luchen contra todas las formas de violencia de género (física, psicológica, institucional, etc.), dotando a todas estas normativas de recursos y medios para su implementación real en todos los territorios y  para todas las mujeres.
• La eliminación de todas las formas de discriminación y dificultades en el acceso a servicios sociales, sanitarios o jurídicos y al ejercicio de derechos de las mujeres migradas independientemente de su situación administrativa.
• Programas de educación y sensibilización de ciudadanía sobre la problemática de la violencia y la especial situación de discriminación de determinados grupos como son las mujeres migradas.
• La adopción de las mejoras necesarias en las políticas públicas para que garanticen los derechos de las mujeres, atendiendo a los compromisos adquiridos por España al ratificar el Convenio de Estambul. Este convenio garantiza los derechos de toda mujer de ser protegida frente a la violencia de género, a nivel individual, institucional y estructural, con independencia de su situación administrativa.