La urgente y necesaria formación en derechos sexuales en Bolivia

El pasado viernes, una niña de 11 años ingresó para dar a luz a gemelos en un hospital del municipio de Montero, al este del país. La menor, a la que fue necesario practicarle una cesárea, había sido víctima durante el último año de violaciones llevadas a cabo por su padrastro, ahora en prisión preventiva acusado de los cargos de «violación agravada».

La peligrosa situación de riesgo y de vulneración de sus derechos a la que se ha expuesto a esta niña pone de relieve la necesidad de llevar a cabo acciones concretas que garanticen el acceso a información oportuna a la población, una educación sexual integral incorporada en el sistema educativo desde la infancia y una formación a funcionarios para garantizar la vigilancia y la prevención de estas violaciones.

No es este un caso aislado, en 2014, la Defensoría del Pueblo de Bolivia, dio a conocer 326 denuncias de abuso sexual contra menores, situando a este país como el estado con mayor violencia física contra las mujeres y el segundo en violencia sexual, después de Haití, según datos de la ONU. En estos meses hemos conocido casos como el de Sucre, donde otra niña quedó embarazada tras sufrir abusos también por parte de su padrastro y el de otra niña de la misma edad que fue violada por un mototaxista y quedó embarazada.

La reciente reforma del Código Penal en cuanto a la eliminación de la Orden Judicial para poder realizarse un aborto en caso de violación tendría que garantizar un mayor acceso de las mujeres y niñas a este derecho, pero estamos viendo que las barreras y resistencias siguen existiendo.

La lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas tiene que ser una prioridad para el estado y un compromiso de la población. Por ello, desde Alianza por la Solidaridad estamos comprometidos con esta causa y además de trabajar en el país, formando a numerosas personas y comunidades en el respeto y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, reclamamos un mayor compromiso por parte de las administraciones para atajar estos sucesos, colaborando en la formación y educación sobre los derechos de las mujeres.

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