La reforma de la ley del aborto, presentada ayer 18 de febrero, pretende exigir el consentimiento parental explícito para todas las jóvenes de 16 y 17 años que decidan interrumpir un embarazo no deseado. En última instancia, y en caso de conflicto, la decisión estaría en manos del juez/jueza.

Bajo la actual legislación, las menores ya deben informar a sus progenitores o tutores legales, excepto cuando ellas consideren que puede causar un serio conflicto – tal como violencia, amenazas, coerciones o abusos. En 2014, el 3,6% del total de los abortos en España fueron realizados por jóvenes de entre 16 y 17 años. Solo un 12,38% -0,44% del total de casos- no informó a sus progenitores, debido a razones diversas como desamparo familiar, familias desestructuradas, progenitores en prisión, riesgo de sufrir malos tratos, menores emancipadas que residen en el país sin sus padres, enfermedad paterna/materna invalidante o padres abiertamente contrarios al aborto. Por tanto, la reforma tendrá un desproporcionado efecto sobre las mujeres jóvenes que ya se tienen que enfrentar de por sí a una situación social angustiosa, que pone su salud física y mental en serio riesgo.

Esta reforma de ley es un nuevo intento de restringir el acceso al aborto seguro y legal en España. En el último año, el Gobierno español se vio obligado a retirar su tan criticada reforma del aborto legal, que trataba de eliminar el derecho al aborto en España. Además, el Tribunal Constitucional está todavía considerando una reclamación presentada por el Partido Popular en 2010 contra la actual Ley del Aborto.

Diversos órganos internacionales, como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, han expresado su preocupación por la relación directa que existe entre las leyes restrictivas en materia de aborto, los abortos clandestinos y los riesgos para la vida, la salud y el bienestar de mujeres y jóvenes. Según los últimos datos de la OMS y el Instituto Guttmacher, 47.000 mujeres mueren al año por abortos inseguros, y otras 5 millones sufren lesiones graves, la gran mayoría de ellas en países donde el acceso al aborto legal y seguro está penalizado por ley. Los abortos inseguros constituyen actualmente el 13% de la mortalidad materna a nivel mundial.