“Con la decisión mutua de poner fin al conflicto como condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera” y “con la disposición total del Gobierno Nacional y de las FARC-EP de llegar a un acuerdo y la invitación a toda la sociedad colombiana, así como a los organismos de integración regional y a la comunidad internacional a acompañar este proceso”, se comunicaba públicamente hace casi un año la firma por parte del Gobierno de Colombia y de la principal guerrilla del país, las FARC, de un Acuerdo previo para negociar la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Colombia es víctima de un largo conflicto de gran complejidad y altos índices de violencia que implica graves consecuencias humanitarias. El enfrentamiento genera una dinámica destructora que ha llevado al país a una permanente crisis humanitaria. En este contexto, la comunidad internacional ve el proceso con buenos ojos, con una esperanza no exenta de prudencia y expresando su respaldo a un diálogo que pueda poner fin a más de 50 años de conflicto armado en el país andino.

Dentro de Colombia las negociaciones han contado con un amplio consenso y apoyo social, que en los últimos meses ha decaído tras un año de negociaciones. A pesar de la esperanza suscitada en este proceso el escepticismo permanece, herencia de anteriores procesos de paz fracasados, si bien numerosos observadores ven en esta ocasión nuevas condiciones que permiten mirar al proceso de negociación con optimismo: entre ellas, la voluntad política del presidente Santos, sustentada por una serie de pasos que han podido abonar el terreno para esta negociación. El más relevante ha sido la aprobación de la «Ley de Víctimas” y la de “Restitución de Tierras», que reconoció oficialmente la existencia de un conflicto armado, y que ha facilitado las condiciones para la actual negociación. Recientemente Juan Manuel Santos, designó una nueva cúpula militar más afín al proceso de paz  en un momento en que las partes se esfuerzan por lograr un acuerdo. Asimismo, destaca el hecho de que por primera vez las FARC aceptan discutir el abandono de las armas, mientras en anteriores procesos siempre se habían reservado el derecho de mantenerse en armas.

Más allá de una conclusión exitosa de esta negociación de paz, uno de los retos es la inclusión de todas las víctimas del conflicto dentro de la cobertura de la ayuda estatal Colombiana e internacional. El resurgimiento en Colombia de nuevos grupos que no son reconocidos  oficialmente como actores armados dentro del conflicto, supone que un gran sector de la población afectada (cerca del 30%) no puede acogerse a la cobertura de las ayudas del Estado.

Un riesgo a tener en cuenta dentro del marco de una negociación exitosa es que podría incrementarse la violencia debido a las luchas internas entre los nuevos actores para retomar los vacíos relacionados con el control de las actividades ilegales. Este escenario podría agravar los efectos humanitarios que el conflicto armado está teniendo sobre la población, especialmente en las zonas rurales dónde no hay presencia del Estado. También existe el riesgo del probable abandono de la mayoría de los donantes humanitarios de Colombia tras la firma de un hipotético acuerdo de paz.

Alianza por la Solidaridad ratifica su compromiso con la población afectada por el conflicto, desplazada, refugiada y confinada, sobre la cual los efectos del conflicto son devastadores ante la falta de seguridad física de sus asentamientos, se ven forzados a huir de sus pueblos cuando se convierten en escenario de luchas. Se calcula que entre 3 y 4 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse de forma temporal o definitiva,  con especial afectación sobre mujeres y niños. A pesar de que la mayoría provienen de comunidades rurales, a menudo terminan viviendo en las ciudades, en franjas de pobreza de áreas marginales y en asentamientos ilegales sin servicios mínimos garantizados.
Las privaciones de derechos, discriminación, pobreza y estigmatización de las minorías más vulnerables, y las debilidades en la atención institucional a la población desplazada convierten a esta población en víctima de una situación cuya solución no está en sus manos.

Alianza por la Solidaridad como actor humanitario se centra en la ayuda humanitaria y el apoyo a esta población, indígena y afro-descendiente en su mayoría, para mejorar sus condiciones de vida y acceso a derechos. El trabajo se centra en el Suroccidente del país (Valle del Cauca, Cauca y Nariño), zonas especialmente castigadas por el conflicto, de difícil acceso e históricamente olvidadas por el Estado. Por ello se trata de facilitar la inversión y la participación de las instituciones gubernamentales y municipales en estos asentamientos, al tiempo que se promueve la participación y organización de la comunidad.

Cinco componentes básicos del acuerdo

1. Fomentar el desarrollo rural, dar mayor acceso a la tierra, mejorar las infraestructuras, hacer que la prosperidad y los servicios del estado lleguen a todos los puntos.

2. Garantías para el ejercicio de la oposición política y participación ciudadana. No sólo en la forma sino en la realidad, que se rompa el lazo entre política y armas.

3. El fin mismo del conflicto armado. Entrega de armas y reintegración de las FARC a la vida civil.

4. Combate al narcotráfico con más efectividad.

5. Respetar los derechos de las víctimas y esclarecer la verdad.