La violencia sexual sigue siendo un fuerte y grave problema en el Perú que afecta la vida de las mujeres. Si bien no se conoce la dimensión exacta del problema y se reconocen que una gran parte de víctimas no denuncia, las cifras hablan de la existencia de un 37,2 % de  mujeres, que refieren haber sido  víctimas de violencia física y sexual por parte de su esposo o compañero (ENDES 2013). En base a cifras del Ministerio Público (2013) en promedio se registran 49 denuncias diarias de violación sexual y según los centros de emergencia mujer y análisis de denuncias recibidas en la policía nacional, de cada 10 víctimas 8 son menores de edad (MIMP, 2012).

En los casos en los que una mujer es víctima de violación sexual, y este hecho trae como consecuencia un embarazo, la ley peruana penaliza el aborto con una pena no mayor de 3  meses (Art. 120 Código Penal Peruano). Es decir, la ley pretende obligar a la mujer a continuar con dicho embarazo aun en contra de su voluntad, violentándola una vez más.

Aunque, al tratarse de tan solo 3 meses, no se vaya finalmente a la cárcel, las mujeres que opten por interrumpir el embarazo y que cuentan con escasos recursos económicos, se ven obligadas a acudir a servicios clandestinos e inseguros poniendo en riesgo su integridad, su salud y su vida. Además de ser sometidas a sanción social,  estigmas y culpabilización.

Frente a esta situación desde hace varios años diversas organizaciones de mujeres han planteado la despenalización del aborto en casos de violación sexual; en linea con las recomendaciones que el Perú ha ido recibiendo de instancias internacionales para revisar y cambiar dicha legislación que vulnera los derechos de las mujeres.

Derechos globales de las mujeres : Déjala decidir

Desde el año 2012, la articulación feminista[1] de Perú está llevando a cabo la Campaña “Déjala Decidir” y ha impulsado una iniciativa ciudadana recogiendo más de 60.000 firmas de ciudadanas y ciudadanos que respaldan un proyecto de ley que despenaliza el aborto en casos de violación sexual, de inseminación artificial  o transferencia de óvulos no consentidas.

Después de varias gestiones, el proyecto de ley ha sido admitido en el Congreso de la República y debe ser debatido próximamente.

Desde Alianza por la Solidaridad consideramos fundamental que las y los legisladores peruanos analicen esta situación y la propuesta, desde una mirada de  derechos humanos, salud pública y justicia social,  en el marco de la laicidad del Estado.

La despenalización del aborto permitirá  corregir una injusticia histórica y violencia estatal  de la imposición de un embarazo a una mujer violada, situación que afecta su dignidad, su autonomía y su vida.

¿Qué puedes hacer tú para defender los derechos globales de las mujeres?

Visita y comparte la información de la Campaña Déjala Decidir pincha aquí para ver la página web 

Pincha aquí para consultar la ruta de la iniciativa legislativa ciudadana para despenalizar el aborto en casos de violación sexual.

¿Quieres saber más del trabajo de la ONG Alianza por la Solidaridad por los derechos sexuales y reproductivos en la Región Andina? Pincha aquí 

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[1]Integrada por Manuela Ramos, Demus, Promsex, CDD Perú, CMP Flora Tristán y Cladem Perú.