Abandonadas, sin alternativas legales accesibles y con controles fronterizos cada vez más estrictos que van mucho más allá del territorio europeo, las personas refugiadas que necesitan protección internacional se ven obligadas a recurrir a formas irregulares de acceso, con la consiguiente exposición a abusos y explotación perpetrados por contrabandistas y traficantes de seres humanos .

Los Estados miembros de la UE deben incrementar el número y la disponibilidad de vías seguras y legales para la protección, entre las que se incluyen los programas de reasentamiento y de admisión humanitaria, los visados humanitarios, los patrocinios comunitarios y privados, así como procedimientos más efectivos y amplios de reunificación familiar y la apertura de la migración laboral, intercambios educativos y programas de becas para las personas refugiadas. La reforma en curso del Código de visados de la UE es una oportunidad única para reforzar aún más el marco jurídico de la UE a este respecto.

La carta también señala que los programas de reasentamiento no deben utilizarse como un instrumento de negociación para obligar a los países a cooperar en el control migratorio, la readmisión y la prevención de la migración irregular y los acuerdos quid pro quo que canjean solicitantes de asilo por personas refugiadas como si fueran mercancías intercambiables.

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