Oscar Conde lleva toda la vida volcado en la defensa ambiental y territorial en Guatemala. Ahora, desde el Colectivo MadreSelva, es uno de los activistas más comprometidos con una lucha cuyas raíces se pierden en la historia. Basta echar un vistazo atrás para comprender que la guerra civil que acabó hace apenas 20 años (1996) aún sigue muy presente. Las armas de fuego que durante el conflicto mataron a más de 200.000 personas y obligaron al desplazamiento de más de un millón de indígenas mayas, hoy son sustituidas por las concesiones empresariales y compra-venta de recursos naturales. Muchos, como Conde, las relacionan con unos gobiernos democráticos que han caído de bruces en una corrupción sin fondo. Del criminal dictador José Efraín Rios Montt al presidente Jimmy Morales, recientemente acusado de recibir financiación ilícita de empresas en su campaña electoral, ha habido un largo camino en el que los activistas por los derechos humanos han sido y son perseguidos. Y en la última década, afirma este defensor, se va a peor.

¿Cómo está la situación de la defensa del territorio en Guatemala?

Los problemas han aumentado tras una sucesión de gobiernos de derechas en Guatemala que han dado el marco institucional y legal para el despojo. Y tiene que ver con la corrupción porque el Estado permite que se aprueben leyes de todo tipo en todos los territorios indígenas. A la vez que aumenta el conflicto, lo hace la criminalización de la defensa de los pueblos de los recursos naturales. Las empresas también han generado estrategias de desprestigio para neutralizar a las organizaciones que trabajamos en estos temas, que no somos muchas. En realidad, en Guatemala hay muchas organizaciones ambientalistas, pero el ambientalismo en mi país se presta a mitigar los impactos que causan los proyectos, son técnicos que hacen monitoreos. El movimiento ecologista es más activista pro derechos humanos, un movimiento político que va creciendo porque la conflictividad aumenta ante una situación crítica debido al expolio.

De todos los recursos ¿cuál es el que está más amenazado?

El tema del agua es esencial y es el que está en situación más grave, tanto por proyectos de hidroeléctricas como los de minería. Todos pasan por utilizar el agua, lo que moviliza a los indígenas. Las empresas, por su parte, quieren aprovecharse del actual gobierno corrupto porque, por ejemplo, permite que sigan vigentes leyes que otorgan concesiones de 50 años sobre un río sin pagar ni un centavo de impuestos por el agua. Es un despojo permitido y la oligarquía sabe que si el gobierno cambia, también podrían hacerlo esas leyes. A raíz de casos de hidroeléctricas en Río Cahabón o de minería, como el caso San Rafael [mina de plata clausurada], que aún está pendiente de la Corte Constitucional, ha salido a la luz que no se hicieron las consultas a los comunitarios sobre estos proyectos, como exige el convenio de la OIT firmado por el Estado.

En general, ¿Se hacen este tipo de consultas a los pueblos afectados por los proyectos?

Nunca se hicieron. Ha sido ahora, a raíz de las movilizaciones por las hidroeléctricas en el río Cahabón, en concreto las obras de Oxec y Renace [construida por la española ACS para Corporación MultiInversiones de Guatemala] cuando la Corte de Constitucionalidad reconoció que en estos casos no se habína hecho las consultas, y sin embargo la misma Corte permite que la empresa siga trabajando, siempre que hiciera la consulta en un plazo de 100 días. Pero eso no quita presión porque debería haber sido previa, no con la obra en marcha. El despojo sigue funcionando. Después de ello, la oligarquía nacional, que son unas pocas familias muy poderosas, han reforzado su campaña en los medios de comunicación contra las protestas y presionando desde cámaras de comercio para seguir adelante. El movimiento social e indígena no tiene medios para contrarrestarlo. Queda invisibilizado salvo si salen a manifestarse. Así, si la sociedad se entera de que hay conflicto, lo hace en negativo, pues les acusan de obstaculizar el tráfico, de crear problemas…

Este proceso de acelerar proyectos ¿desde cuándo se ha detectado? Guatemala tiene una triste historia de expolios desde hace tiempo..

Efectivamente, el acaparamiento de recursos de las comunidades no es nuevo. Lo que pasa es que no se notaba. MadreSelva fue el primer colectivo que denunció un incremento de los proyectos mineros en Guatemala desde 2006. Hicimos un mapa de todos los que había previstos y se generó una gran alarma social porque muchas comunidades se enteraron a raíz de esa publicación. Luego hicimos lo mismo con las hidroeléctricas. Lo malo es que a menudos nos enteramos cuando están ya aprobados. Y es ahí donde te das cuenta cómo se ha acelerado, de que se pagan ‘mordidas’ a los funcionarios para que los aprueben cuanto antes. En los últimos 10 años hemos visto que este procedimiento aumenta. Es más, ahora tratan de aprobar una ley que minimice el delito de financiamiento ilícito de las campañas electorales. A nosotros nos parece evidente que si una minera financia una campaña, es probable que luego su candidato la beneficie, pero quieren aprobar esa reforma porque en el futuro puede llegar un gobierno algo menos corrupto y entonces se acaba el negocio.

¿Y hay leyes ambientales que contrarresten esta presión?

Pocas. Está la Ley de Protección del Ambiente del año 1986, que es un marco de referencia muy débil. En realidad, es más importante la Constitución, en la que se dice, por ejemplo, que el agua no se puede privatizar. Por el contrario, se quiere aprobar una Ley del Agua que no es la que necesitamos. Ahora mismo hay un pulso entre los empresarios de la Cámara de Industria y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. El Ministerio tiene una propuesta en la que defiende que el agua es un derecho, mientras que las empresas dicen que pertenece al dueño de un territorio. Es la fórmula perfecta para ellos: les basta comprar los terrenos y se la apropian. Y lo mismo hacen con las tierras de cultivo. Antes en la costa sur había palma africana, algodón, caña de azúcar, pero ahora estos cultivos se extienden hasta Alta Verapaz, incluso al sur de la selva del Petén. Es un avance imparable hacia el norte. Ha aumentado un 600% en una década. De hecho, en el río La Pasión hubo una gran mortadaz de peces hace un año que está impune y se atribuye al plaguicida utilizado por una empresa palmera. Esta agroindustria, además, ni siquiera debe presentar informes impacto ambiental. Se certifican como ‘verdes’ y hasta reciben financiación por bonos de carbono. Creo que denunciar este tipo de agronegocios es una tarea pendiente del movimiento de defensa del territorio en Guatemala. A diferencia de proyectos mineros, la agroindustria se apropia del agua de la cuenca del río, como pasa con las hidroeléctricas. Luego en invierno, cuando llueve, sueltan el agua e inundan las comunidades.

¿Hay organizaciones que están movilizándose por esta agroindustria?

Si, pero no se da abasto. Además, las empresas generan mesas de diálogo y cooptan a las instituciones de los comunitarios.

Será complicado porque también generan más empleo que una hidroeléctrica.

Así es, generan empleo y generan división entre los que quieren defender el río y los que trabajan con la palma africana. También falta mucha concienciación del proceso porque, a la vez, aumenta el consumismo en las poblaciones de todo el país, tanto de las clases altas y las urbanas, como de las empobrecidas y rurales, que han caído en la trampa de comprar productos que no necesitan. Encima, se está generando un grave problema de residuos que va a más cada día, con lo que supone de degradación ambiental.

¿Cómo es la gestión de esa basura creciente en Guatemala?

Es nefasta. Ya ha habido problemas diplomáticos con Honduras por este motivo. El río Motagua, el mas largo del país, arrastra toda la basura de la Ciudad de Guatemala, a la que se suma la de los diferentes departamentos hacia el mar. Han recogido hasta 600 toneladas en un kilómetro, casi todo plásticos. El Motagu nace en las montañas, pasa por la capital y llega al mar Caribe, donde las corrientes llevan la basura a Honduras y ensucia sus playas paradisiacas. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Pues ha puesto mallas en las que se traba la basura dentro del río. En teoría se saca para reciclarla, aunque luego no se tienen aún las plantas de reciclaje. Además, reciclar es caro. Y no acaba con el problema del consumo de productos innecesarios ‘emplasticados’. Lo que hay que hacer es no comprarlos.

¿Y es factible que se llegue a ese decrecimiento del consumo?

El municipio de San Pedro de La Laguna de Atitlán ya se ha declarado en guerra contra los plásticos. También en Copalán se prohibió la entrada de chucherías o jugos. En el movimiento de defensa del territorio, bajo la bandera del buen vivir, estamos construyendo esta posición política de no consumir lo que el sistema impone. Piense que si creemos que el reciclaje es la solución, seguiremos comprando botellas de plástico y enriqueciendo a empresas que me dan cosas que no necesito, que no son nutritivas. No hay que comprar agua embotellada sino hacer que las fuentes sean potables. Fíjese que en las aldeas de Guatemala no hay puestos de salud, ni escuelas, pero si tiendas. Ves entrar camiones por caminos infames con todo un suministro plastificado, pero no llega la educación o la salud. Y encima los campesinos se gastan el poco dinero que tienen. A la vez, el país retrocedió en índices de desnutrición, al nivel de África. Casi un 70% de los niños indígenas en zona rurales están desnutridos, comen poco y comen basura.

¿Tiene fuerza el movimiento de soberanía alimentaria?

Estamos en ello. Hay que trabajarlo más. En Copalán ahora vamos a construir una pequeña hidroeléctrica en un río para su autoabastecimiento. Allí tienen bien diversificados los cultivos para que no haya nunca hambre. Es un pueblo de retornados tras la guerra, con una gestión comunitaria en la que las mujeres también están integradas, aunque debo reconocer que un defecto de estos movimientos es que no suelen contar con ellas. Las pequeñas hidroeléctricas, de las que tenemos ya cuatro en marcha, son una buena alternativa dentro de esa filosofía del buen vivir, pero el empresariado las quiere grandes porque de ahí saca energía para otros proyectos lucrativos, aunque el territorio se quede sin agua y sin energía. Nosotros hemos pasado 15 años oponiéndonos a este tipo de proyectos, pero ahora dimos un paso más y también hacemos propuestas alternativas.

Supongo que no es fácil mantener el Colectivo MadreSelva activo en ese contexto social. ¿Cómo se mantiene?

No lo es. Somos pocos, 18 en total, pero estamos unidos con todo el movimiento indígena. Si nos hubiéramos quedado en una única postura de oposición a proyectos, hubiéramos muerto, pero comenzar a generar proyectos de desarrollo, de medios de vida, de mini-hidroeléctricas, nos permite acceder al apoyo financiero de organizaciones internacionales de Alemania, de Noruega, de ONGs como Alianza por la Solidaridad, fundamental en la batalla en el río Cahabón, o de la Generalitat Valenciana. Alhunas ONGs nos han pedido ahora que hagamos una escuela de lideresas en el territorio, un centro de formación política para que las mujeres tengan mejores instrumentos de incidencia. Son proyectos ilusionantes y nos permiten seguir adelante.

Con este panorama ¿Qué esperan de la comunidad internacional?

Un mayor compromiso con nuestro territorio y los pueblos que lo habitan. Ahora hemos localizado una organización internacional que identifica financiación extranjera en los países que violan derechos humanos. Queremos conocer su sistema de monitoreo para conocer cómo en mi país se conectan los proyectos con la banca nacional o internacional. Ya el Banco Mundial descubrió que en la hidroeléctrica de Santa Rita, ya cancelada, había habido una adjudicación anómala. Y lo mismo pasó con Renace, Oxec… Necesitamos pruebas de esas anomalías y seguir presionando. El apoyo de la comunidad y la sociedad internacional es muy importante.