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Exigimos justicia en el caso de esterilizaciones forzadas en Perú

Gioconda Diéguez - ApS Perú

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En la década de los 90, miles  de mujeres peruanas fueron esterilizadas sin su consentimiento bajo la implementación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar  (1996 – 2000) del gobierno de Alberto Fujimori.

Existen evidencias que señalan que se trató de una política de estado que puso énfasis en la esterilización quirúrgica, llamada entonces Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV),  como medida rápida de control demográfico y que tuvo metas cuantitativas que el personal de salud debía cumplir obligatoriamente.

El informe realizado en el 2002  por una subcomisión del Congreso de la República peruana, señala que en esta política tuvo participación directa Alberto Fujimori[1], evidenciando las contradicciones entre el discurso que planteaba que “las mujeres serían dueñas de su propio destino”[2] con las medidas tomadas en la implementación del programa.

La política pública de Fujimori, fue una política discriminatoria  en la que no se respetó el derecho a decidir, afectando principalmente a mujeres pobres, indígenas y de zonas rurales del país, a quienes se les ofertaba la AQV como única opción  anticonceptiva y se les presionaba para realizarla. El objetivo final del gobierno de entonces fue de controlar la fecundidad, disminuir la natalidad y la tasa de crecimiento poblacional “a cualquier costo”.

Al menos 18 mujeres murieron producto de las esterilizaciones forzadas. Entre ellas, María Mestanza, una mujer campesina a la que se le realizó una ligadura de trompas  en malas condiciones. El personal de salud no respetó  su derecho a la información y libre decisión, siendo presionada, acosada e incluso amenazada para que se realice dicho procedimiento, sin un examen médico previo ni el seguimiento post operatorio correspondiente.

Este caso llevó a que en el año 1999 un grupo de organizaciones no gubernamentales[3] denunciaran al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación del derecho a la vida, a la integridad  personal y a la igualdad ante la ley,  resaltando que este caso no era un caso aislado sino que era uno más entre un número significativo de casos de mujeres afectadas por la aplicación de la política gubernamental además de ser una clara vulneración a los acuerdos internacionales.

Ya en el año 2003, se suscribió un Acuerdo de Solución Amistosa, en el que el Estado peruano reconoció su responsabilidad en la violación de los derechos de María Mestanza y se comprometió a adoptar medidas de reparación en beneficio de las víctimas, investigar exhaustivamente, sancionar a las personas responsables  y adoptar medidas de prevención para que estos hechos no se repitan en el futuro.

Sin embargo, el acceso a la justicia  aún es un pendiente para las víctimas y para sus familiares. Son varias veces las que el caso se ha pretendido archivar. En el año 2011, la CIDH solicitó al Estado que reabra la investigación archivada el año 2009, ante lo cual  la Fiscalía de la Nación emitió una resolución disponiendo la reapertura de la investigación.

Este 22 de enero de 2014, a pesar de que la Fiscalía había recibido más de dos mil testimonios de víctimas y existen informes de la Defensoría del Pueblo que documentan denuncias concretas, el fiscal Marco Guzmán Baca ha decidido archivar nuevamente las investigaciones, esta vez dirigidas a Alberto Fujimori y sus ex ministros. Este hecho, además de constituir una vulneración al acuerdo amistoso que suscribió el Estado peruano, es una acción de impunidad frente a una vulneración flagrante y sistemática de derechos de las mujeres.

Frente a este manto de impunidad, las víctimas de las esterilizaciones forzadas y diversas organizaciones de mujeres  y de derechos humanos,  han levantado su voz de indignación, realizando acciones legales contra la decisión del fiscal, pronunciamientos públicos y movilizaciones, entre otras a nivel nacional e internacional. El Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas contra su voluntad de Huancabamba -CDME – Piura ha lanzado un manifiesto al que pide la adhesión de personas y organizaciones en apoyo a estas mujeres. Para leer el manifiesto pincha aquí.

Es necesario reafirmar que es obligación del Estado garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos sin discriminación. Ninguna persona ni ningún Estado debe vulnerar los cuerpos de las mujeres pretendiendo tener control sobre los mismos ya sea a través de acciones y/o políticas que apliquen esterilizaciones forzadas, embarazos forzados u otras formas de control. El acceso a la justicia y aplicación de esta, es un derecho de todas las personas que el Estado debe garantizar sin discriminación por género, condición socioeconómica, etnia u otra razón.  Es inadmisible seguir evidenciando  retraso en el acceso a justicia para mujeres pobres del país e impunidad frente a la violación de sus derechos humanos.

Las mujeres tenemos derecho a  la vida, a  la salud, a decidir sobre nuestro cuerpo y a decidir el número de embarazos que deseamos tener, entre otros derechos. La esterilización o anticoncepción quirúrgica, dentro de la oferta anticonceptiva vigente constituye una opción efectiva a la que podemos acceder para evitar embarazos de manera definitiva, bajo una decisión libre, voluntaria e informada, respetándose así nuestra autonomía e integridad.  Cuando la anticoncepción quirúrgica es realizada sin consentimiento de la mujer o bajo presión, es decir, de manera forzada, se convierte en una invasión al cuerpo de la mujer, que vulnera su autonomía y la decisión sobre su propio cuerpo,  violando derechos humanos fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional.

Alianza por la Solidaridad se une a la demanda de las organizaciones de mujeres en Perú y en la región por el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas de esterilizaciones forzadas. Seguiremos vigilantes para el logro de este objetivo.



[1] El informe señala en sus conclusiones: “Se ha comprobado que se llevaron a cabo reuniones con presencia del Presidente Alberto Fujimori Fujimori, Ministros de Estado y Directores Regionales de Salud en Ancón, Paracas y Pachacamac que tenían el propósito de privilegiar métodos definitivos. Se ha comprobado la Injerencia del Ejecutivo para la aplicación compulsiva del AQV”.

[2] Palabras emitidas en el Mensaje a la Nación del 28 de julio de 1995.

[3] DEMUS, CLADEM y  APRODEH, las cuales acreditaron posteriormente como co-peticionarias al Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (CRLP) y al Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)


2 Respuestas a “Exigimos justicia en el caso de esterilizaciones forzadas en Perú”

  1. fabiola landívar dice:

    Quisiera saber cual fue el pronunciamiento del movimiento de mujeres en este tema sobre la politica de estado de Esterilizacion obligaroria a mujeres. En especial de la organización Flora Tristán, de Virginia Vargas y otras feministas.

Responder a admin

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