En Perú, esta situación es la que ahora atraviesan personas que aman a otra persona de su mismo sexo. Este derecho a amar, a unirte en pareja y a hacer familia es actualmente un privilegio al que pueden acceder solo  las parejas heterosexuales. Lo cual es una clara evidencia de discriminación y vulneración de derechos fundamentales.

El proyecto de ley que ha sido presentado para legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo fue rechazado por la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos del Congreso de la República. Es decir, una comisión que debe trabajar por propuestas legislativas que garanticen derechos humanos y acceso a justicia para todas las personas, ha rechazado un proyecto que buscaba disminuir la actual discriminación existente por orientación sexual. Solo cuatro congresistas votaron a favor, dos decidieron abstenerse, y siete dieron  su voto en contra.

El proyecto de ley, presentado en el poder legislativo por el Congresista Carlos Bruce,   busca avanzar en el reconocimiento de derechos en igualdad  y está respaldado por muchas/os ciudadanas/os a través de la Campaña #UniónCivilYa.

Dicho proyecto considera una figura especial para reconocer y dar derechos patrimoniales a las uniones de  parejas del mismo sexo que deciden tener una vida en común. Evidentemente  si hablamos de igualdad real, las parejas del mismo sexo deberían tener acceso a la misma figura legal que cualquier pareja heterosexual, es decir, que el matrimonio civil sea también una opción a la que pueden acceder,  si es que ese es su deseo. Sin embargo, el proyecto de unión civil significa un avance a esa igualdad.

Los argumentos de quienes se oponen al proyecto de ley incluyen frases como “aberrante”, “la sociedad no está preparada”, “defensa de la familia ‘natural’ (solo formada por hombre y mujer)” y uso de argumentos religiosos.  Sí, son argumentos muy similares a los que tenían quienes en su momento se oponían al matrimonio “Interracial”, al voto de la mujer y a otros temas relacionados a la igualdad ante la ley.

A pesar de esta decisión de  rechazo, este  debate –dentro y fuera del Congreso- no ha terminado. Continúa la lucha para lograr que en el país,  las personas homosexuales tengan el derecho a unirse en pareja tan igual que las personas heterosexuales, y no sea un “privilegio” negado a una llamada “minoría”.  Esta es una de las luchas por el derecho a la  igualdad ante la ley,  sin ningún tipo de discriminación, para todas las  ciudadanas y ciudadanos.

Gioconda Dieguez es Coordinadora Especialista en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en la oficina de Región Andina de Alianza por la Solidaridad.