El pasado mes de enero el Presidente senegalés Macky Sall publicó el decreto por el que se establecía el comité para la reforma de la “Loi Foncière”, el equivalente de la Ley del Suelo española. Una reforma que podría dar paso a la propiedad privada de la tierra, que hasta ahora es de titularidad estatal. El temor de la sociedad civil es que el Gobierno senegalés, deseoso de atraer la inversión extranjera en connivencia con las organizaciones económicas internacionales, no tenga en cuenta las necesidades reales de la población y que la revisión de la ley abra la puerta a más inversiones irresponsables y especulativas.

Con la nueva legislación la propiedad de las tierras podría pasar a manos de las comunidades rurales que en estos momentos las cultivan y consideran como suyas. Pero las organizaciones temen que los especuladores aprovechen su situación económica para comprarlas directamente, sin pasar por la tutela del Estado, por encima de unas comunidades que no están en posición de negociar de igual a igual.
Según denuncia en un comunicado la Coordinadora de ONG senegalesas (CONGAD), el comité formado para tratar la reforma no cuenta con ninguna participación de la sociedad civil, ni de las ONG, ni de las asociaciones de productores y campesinos. Sin embargo, como dice Boubacar, director de la CONGAD, “estamos trabajando para que eso no sea así”. Tal como expresan en la nota de prensa, la reforma tiene que tener una aproximación participativa que siente las bases de una nueva ley que favorezca el desarrollo solidario y igualitario.

Y es que desde 2008, tras la subida desorbitada del precio de los alimentos, muchos son los que han visto en la tierra un negocio, y el problema del acaparamiento de tierras se ha convertido en un problema de proporciones mundiales. En Senegal -según estudios de algunas organizaciones como IPAR, Enda o CICODEV- al menos 657.753 hectáreas han sido atribuidas a intereses privados extranjeros y nacionales. Sin embargo, la sociedad africana se mueve y está cada vez más sensibilizada para evitar que el enriquecimiento de unos pocos afecte a la soberanía alimentaria de todo un continente. En palabras de Amadou Kanouté, Director de CICODEV, “África debería ser la madre de sus propios hijos e hijas, no puede ser la madre adoptiva de la población de otros continentes”.

De esto es muy consciente Seydou Wane, director de la ONG FODDE, establecida en la Casamance senegalesa. En estos días están discutiendo su estrategia de incidencia política para enfrentar esta problemática. “El acaparamiento de tierras ya está aquí y hay que estar preparados. Una ONG como la nuestra, que está cerca de la población, tiene que estar atenta y vigilante”. Al contrario que sus vecinos del norte en Saint Louise, los casos de acaparamientos en la región de Casamance todavía son pocos; e incluso hay ocasiones en que han conseguido dar marcha atrás y ser frenados gracias a la movilización de la sociedad civil. Así, el CNCR una plataforma que aglutina asociaciones de productores va a llevar a cabo un programa de información en las comunidades rurales a través de animadores para sensibilizar sobre el problema, informarles de sus derechos y asegurar la sostenibilidad de las explotaciones familiares.

Las posiciones entre Gobierno y sociedad civil no están tan alejadas: “No estamos diciendo que las grandes inversiones sean malas” dice el Director de FODDE, “pero cuando se trata de revisar la ley de la tierra, el medio de vida de la mayor parte de la población, hay que escuchar la voz de los más vulnerables”.