Mientras en España el debate sobre la polémica reforma de la interrupción voluntaria del embarazo llegaba hasta el Congreso, esta semana tenía lugar en Nueva York la 46 sesión de la Comisión de Población y Desarrollo (CPD), auspiciada por Naciones Unidas con la participación de los países y la presencia de numerosas organizaciones de la sociedad civil.

Da la casualidad de que la CPD da seguimiento precisamente a uno de los documentos internacionales más importantes en esta materia: el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) aprobado en 1994. En efecto,  la conferencia celebrada en El Cairo recogió de forma explícita la “salud sexual y reproductiva” y los “derechos reproductivos” dentro de los derechos humanos a proteger, representando un punto de inflexión en la defensa de los derechos de las mujeres y la ampliación de los derechos humanos hacia espacios de decisión sobre el propio cuerpo y la sexualidad.

Casi 20 años después apenas ha habido avances, e incluso podríamos decir que muchos países desean dar un salto hacia atrás. Las organizaciones feministas, que han estado presentes en la sesión celebrada la semana pasada, este año centrada en migración, denuncian que durante las negociaciones los estados han ignorado la integralidad de los derechos humanos, priorizando unos por encima de otros, lo que implica que los derechos humanos no son iguales para todas las personas: que hay ciudadanos, y sobre todo ciudadanas de segunda.

Aunque durante las reuniones celebradas los países han reiterado su compromiso con los derechos humanos, en la práctica han rechazado garantizar de forma integral estos derechos a la población migrante. Las mujeres y las niñas representan el 49% de las personas migrantes y el 80% de las personas refugiadas y desplazadas internamente. La violencia contra las mujeres migrantes es persistente, incluyendo abusos físicos, aislamiento, hambre o violencia sexual, pero a menudo carecen de la posibilidad de denunciar estos crímenes, entre otras razones por miedo a ser deportadas o porque su status legal depende de su agresor. Asimismo, las mujeres migrantes corren un mayor riesgo de tener embarazos no deseados o sufrir enfermedades de transmisión sexual de debido a la falta de acceso a servicios de salud, incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva.

Durante la sesión, varios países del norte han declarado su intención de reconocer los derechos sexuales y reproductivos, pero esto es tan sólo una estrategia para cambiar el enfoque de la discusión y poner trabas en función de su estatus legal a la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes dentro de sus territorios. Por su parte, algunos países del sur reivindican la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes, pero se niegan a reconocer los derechos sexuales y reproductivos. Igualmente, muchos países pretenden separar derechos y servicios; es decir garantizar derechos pero no su acceso, lo cual implicaría que aunque se reconozca el derecho esto no supondría poder ejercer realmente ese derecho. Esto convierte cualquier acuerdo en papel mojado, ya que en realidad lo que está en juego son los intereses de los gobiernos, pero no necesariamente los de sus ciudadanas y ciudadanos.

Así los derechos de millones de mujeres se convierten en moneda de cambio en las negociaciones. Algunos estados latinoamericanos como Nicaragua o Guatemala se han opuesto abiertamente al reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, aliándose con los postulados de la Santa Sede y países como Nigeria, Egipto, Irán o Qatar, cuya propuesta era eliminar cualquier mención en la resolución final a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, ignorando su conexión con la migración. O la Unión Europea y Canadá, que se opusieron enérgicamente dar cobertura de servicios a la población migrante independientemente de su estatus legal. Igualmente, tampoco se ha incorporado ninguna referencia a la elección de la identidad sexual, ni a los derechos del colectivo LGTB; y los países árabes han conseguido introducir un párrafo que les exime del cumplimiento de estos derechos apelando a causas culturales o religiosas.

El año que viene se revisarán los acuerdos pactados hace 20 años, y sin embargo en lugar de avanzar, parece que el éxito será se consiga mantener el statu quo.