El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal, activistas y opositoras al dictador Trujillo, eran asesinadas en República Dominicana. En el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en 1981 se decidió recordarlas cada 25 de noviembre, instaurando la fecha como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

30 años después, el feminicidio sigue siendo un problema global que se da en todas las sociedades sin distinción, amparado por un sistema que establece relaciones de subordinación, explotando a las mujeres y tratándolas como seres inferiores. En el mundo mueren más mujeres entre 15 y 44 años víctimas de violencia que de cáncer o en accidente de tráfico. Sin embargo, todavía nos cuesta reconocer la gravedad del problema y muchas de las muertes, agresiones, acosos, etc permanecen en la impunidad. La violencia que ocurre “de puertas hacia dentro”, sigue normalizada por parte de la sociedad (aquí y en otros países), que la ve como algo que debe resolverse en privado.

Hoy, la igualdad de género y la lucha contra la violencia no está tan presente en las agendas de los gobiernos, que han reducido su apoyo a organismos internacionales y organizaciones y redes de mujeres. Las prioridades han cambiado, y la violencia contra las mujeres sólo lo es cuando se acerca el 25 de noviembre. Al descenso de los recursos se une un potente resurgir de posturas conservadoras, machistas y patriarcales, que intentan frenar las libertades conquistadas y recuperar el control sobre los cuerpos, las decisiones y las vidas de las mujeres.

¿Decisión política o consecuencia de la crisis? La realidad es que se evaporan los compromisos con los derechos de las mujeres y se aplica la tijera en presupuestos para la prevención, la atención y el empoderamiento. Atrás quedan los tiempos de un verdadero compromiso ya que hace tan sólo dos años, la cooperación española era el segundo mayor donante mundial en este sector.

Durante ese periodo, la mayoría de los recursos (más de 190 millones de euros) se destinaron a América Latina. Esta apuesta, sumada al trabajo valiente de organizaciones feministas y de mujeres latinoamericanas, ha producido resultados muy positivos en la región andina: A finales de 2011 Perú introdujo expresamente el delito de feminicidio en su Código Penal. Un avance que ha tenido efecto espejo en otros países de la región, como Bolivia y Ecuador, donde el contexto político y social es favorable a la tipificación del feminicidio.

Tradicionalmente Europa se ha sentido orgullosa de exportar a otros países su modelo de derechos. Hoy los roles están cambiando, y mientras aquí se retrocede en derechos y libertades fundamentales, los avances legales en estos países se convierten en un ejemplo a seguir.

Sin embargo, estos avances también están en riesgo. En el caso español, el recorte del 70% en cooperación y que los programas de género ya no sean prioritarios, pueden echar por tierra recursos y trabajo invertido, frenando los avances más positivos que se han dado en décadas. Además de la cuestión de la “eficacia” -de la que tanto nos gusta hablar en desarrollo- esto también puede tener consecuencias muy graves para miles de mujeres, allí y aquí, ya que este problema global requiere de un esfuerzo conjunto para afrontarlo.

Por todo eso es necesario continuar apoyando los esfuerzos y demandas de la sociedad civil, porque el trabajo no acaba con la tipificación del feminicidio. Pero es un paso más, una batalla ganada que nos debe animar a seguir luchando, dentro y fuera de nuestras fronteras, por el cumplimiento de los derechos de las mujeres y logro del derecho a una vida libre de violencia.