Existen leyes que protegen los Derechos Humanos: conocerlas ayuda a exigirlos

Argelia ha ratificado pactos internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), y está adherida a la Convención de Personas Migrantes Trabajadoras y sus Familias.

Aunque un Estado que se adhiere o ratifica una Convención asume el compromiso jurídicamente vinculante de acatar las disposiciones que se establecen en ella, el Estado argelino sigue aplicando leyes nacionales con contenidos contrarios a los de estos pactos internacionales.

En general, la ciudadanía y la sociedad civil no conocen el contenido de estas convenciones ni saben que las normas, pactos y convenciones internacionales tienen supremacía sobre los nacionales. Las mujeres están todavía más expuestas a este desconocimiento, agravado en el caso de las mujeres con discapacidad y las mujeres migrantes por las múltiples discriminaciones que sufren.

Este desconocimiento general de los mecanismos internacionales de protección de los Derechos Humanos se extiende incluso a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y a las que representan a los colectivos que sufren discriminación, mermando su capacidad de acción: al no conocer  la protección que otorgan por ejemplo la CEDAW o la CRPD, las asociaciones de mujeres o de personas con discapacidad no pueden exigir al Estado que proteja y garantice sus derechos, tal y como asumió Argelia al firmar esos pactos.

Por eso, la estrategia de Alianza por la Solidaridad junto a sus socias en Argelia busca reforzar el trabajo del movimiento asociativo en la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente de las mujeres migrantes o discapacitadas, utilizando la alfabetización jurídica para aumentar los conocimientos de asociaciones y organizaciones clave de todo Argelia y que sus acciones tengan mayor impacto. Las formaciones incluyen los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos (pactos, convenciones, etc), y el manejo de herramientas de incidencia política o sensibilización ciudadana.

Como ejemplo, el Estado argelino está obligado a presentar periódicamente informes a los Comités de vigilancia de la CEDAW, la CRDP y la Convención para la protección de los trabajadores migrantes y los miembros de su familia.  Tras la formación recibida, las asociaciones pueden vigilar el contenido de esos informes y aprenden cómo interponer una queja individual ante uno de estos organismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas.

Los Estados son los responsables de garantizar los Derechos Humanos a sus poblaciones, y la sociedad civil debe vigilar y exigir que el Estado ejerza este papel. Para ello es útil dialogar con las instituciones públicas encargadas de garantizar dichos derechos. En el caso argelino, los espacios de encuentro y diálogo entre autoridades y Organizaciones de Sociedad Civil no existen o están desestructurados, con lo que estas últimas puerden una oportunidad de poner en práctica las herramientas de incidencia adquiridas y de obtener resultados.

Por eso, otra de las líneas de trabajo ha consistido en abrir esos espacios de concertación y diálogo con los poderes públicos, con el objetivo de poner en marcha planes conjuntos de promoción de los DDHH de las mujeres, especialmente los de las mujeres con discapacidad o migrantes. Como base para ese trabajo conjunto se están realizando estudios para levantar información veraz y contrastada sobre la situación real de las mujeres con discapacidad y de las mujeres migrantes en Argelia.

Para  que la información sobre los derechos de las mujeres y las formas de exigir que se respeten llegue también a la ciudadanía argelina, se pondrán en marcha cuatro caravanas itinerantes que recorren el país organizando actividades de sensibilización en las ciudades y pueblos por las que pasan.

En total, se invertirán casi 100.000 euros en las distintas actividades puestas en marcha en Alger, Oran, Annaba, Loued Tiaret, Befaia, Tebessa, Bilda, Tlecem y Tizi Ouzou, con financiación del instrumento de democracia y derechos humanos de la Unión Europea, y desarrolladas por Alianza por la Solidaridad y las organizaciones socias Asociación Argelina de Planificación Familiar (AAPF), Asociación Cultural AMUSNAW, y la Asociación Djazairouna de Familias víctimas del terrorismo.

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