En Guatemala, Colombia, Nicaragua y El Salvador están sufriendo alarmantes impactos socioambientales del monocultivo de la caña de azúcar.

Para alertar sobre esto y contar cómo se organizan para plantarles cara en plena emergencia climática, cuatro defensoras de la vida, la tierra, los derechos colectivos y de bienes comunes tan vitales como el agua vinieron a la Comunitat Valenciana.

Algunos datos:

36
de agua al día requiere el cultivo de 1 hectárea de caña en Mesoamérica. Una familia de 5 miembros requiere 0,6 metros cúbicos al día
2.200
millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a agua potable, según datos de Naciones Unidas
80%
de El Salvador registrará niveles máximos de estrés hídrico por la escasez del agua en 2022

Conoce a María Josefa Gloria Karen

Tras meses de investigaciones, charlas-taller e intercambios con la sociedad valenciana, catorce organizaciones de la Comunitat Valenciana dedicadas a la promoción de la justicia social y de los derechos humanos apoyan a las defensoras y sus comunidades afectadas por el monocultivo de caña de azúcar con un manifiesto por el Día Mundial del Agua.

¡Queremos justicia socioambiental y respeto a los Derechos Humanos en sus comunidades! Y por eso, en el comunicado, pedimos:

  • Líneas de acción con enfoque interseccional para apoyar a las defensoras y sus comunidades afectadas por este tipo de prácticas, abriendo canales de denuncia y acompañando desde el Norte estas demandas.
  • Promover un modelo de alimentación consciente y responsable con los Derechos Humanos, el medioambiente y la salud en la Comunitat Valenciana.
  • Crear mapas de trazabilidad que permitan a quienes consumen conocer de dónde viene el producto adquirido.
  • Exigir que tanto las empresas productoras como distribuidoras respeten los Derechos Humanos y el medioambiente en toda su cadena de valor.
  • Demandar a las administraciones públicas valencianas que analicen normativas para regular la contratación o subvención de empresas operativas en la Comunitat, sujetas al respeto de los Derechos Humanos y del medioambiente.
  • Respaldo a una ley de debida diligencia en el Estado español en Derechos Humanos y del medioambiente que obligue a las empresas españolas y con actividad en España a garantizar el respeto de los derechos humanos y medioambientales en toda su cadena de valor.