Discriminadas, difamadas, amenazadas, criminalizadas y asesinadas por defender derechos humanos y ser mujeres. La irrupción de empresas en países en vías de desarrollo está ocasionando, con demasiada frecuencia, conflictos socioambientales al acaparar bienes naturales, agua y tierra.
A todo ello, plantan cara las defensoras de derechos. Su lucha interfiere con los intereses de grandes empresas en países como Guatemala y El Salvador.
Como mujeres se enfrentan a los mismos riesgos que los defensores de Derechos Humanos, pero además son víctimas de acoso y violencia sexual, son cuestionadas por su familia y comunidad, siendo discriminadas, incluso, por sus propios compañeros en las organizaciones sociales.
Entre 2015 y 2016 se contabilizaron en América Latina 2.197 agresiones contra Defensoras de Derechos.
“Desde entonces, han grabado y difundido mis clases en la universidad por las redes sociales, han hecho vídeos denostándome, llamándome ladrona y mil cosas más. He temido por mi seguridad personal porque recibo muchas amenazas de todo tipo. Dicen que estoy contra el desarrollo por defender a mi gente. Las mujeres que luchamos frente a las grandes corporaciones lo tenemos muy complicado. Estamos entre la vida y la muerte”
Ana Rutilia Ical Choc, 55 años, dos hijas, es una líder indígena q’eqchi’, catedrática de la Universidad Rafael Landívar (Alta Verapaz, Guatemala) y defensora de Derechos Humanos en Guatemala. Licenciada en Ciencias Jurídicas y activista social, ha sido maestra, locutora y miembro de la Defensoría de la Mujer Indígena de Cobán. Actualmente es candidata a diputada en Guatemala.
Su liderazgo ambiental tomó fuerza a raíz de su lucha contra la hidroeléctrica Renace sobre el río Cahabón, que será la más grande del país y ha sido construida en parte por la empresa española Cobra, perteneciente al Grupo ACS. Este proyecto ha colapsado el cauce del río Cahabón en casi 30 kilómetros, afectando a 29.000 indígenas. Para la población indígena, los ríos son sagrados y su vida comunitaria se articula en torno a ellos. En 2016, interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de su país para pedir la suspensión de la obra de Renace, que construye para la empresa CMI el grupo español ACS. En ese momento comenzó la persecución y el acoso contra ella y sus hijas, una situación que aún continúa.
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