En marzo de 2020, el gobierno interino de Bolivia declaró la emergencia nacional en respuesta a la pandemia del COVID-19, se cerraron las fronteras y se impuso un bloqueo nacional. Estas medidas repercutieron de forma directa en los derechos de la población. El derecho a la libertad de expresión, la libertad de movimiento y asamblea,  los derechos sociales y económicos  y, especialmente, el derecho a la salud fueron vulnerados.

Uno de los grupos más afectados por estas medidas fueron las mujeres y las niñas. Las restricciones a la circulación y el aumento de la tensión económica contribuyeron al aumento de la violencia contra las mujeres y los niños y niñas. La mortalidad materna y neonatal se incrementó, así como los embarazos no deseados, los abortos inseguros y la violencia sexual.

El documento «COVID-19 y el espacio cívico y democrático de Bolivia» recoge la información levantada durante 2020 sobre las medidas implementadas por el gobierno del país andino y la vulneración de derechos a la que se enfrentó su población.