Ha pasado más de un siglo y actualmente atravesamos un periodo histórico de endurecimiento de esa violencia, ahora revestida de neomachismos más sutiles, pero en los que el cuerpo de las mujeres sigue siendo tratado como territorio de conquista, colonización y destrucción. Desde 1999 se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en Alianza por la Solidaridad estamos convencidas de la necesidad de visibilizar esta problemática global que afecta y vulnera los derechos humanos de todas las personas y nos involucra a todos y todas. Creemos que juntas, organizándonos y estableciendo alianzas entre nosotras somos más fuertes. Por ello, un año más nos sumamos a la iniciativa del movimiento feminista “Ni una menos”, surgido en 2015 en Argentina en protesta por el aumento de los feminicidios y la impunidad de los agresores. La consigna inspirada en la frase “Ni una muerte más” de la poetisa mexicana Susana Chávez asesinada por reclamar las muertes en Ciudad Juárez, hoy es nuestra consigna de guerra contra un sistema que nos invisibiliza y nos niega la autonomía.

La gravedad de la realidad actual de miles de mujeres y de sus hijos e hijas que viven bajo opresión oculta por la violencia simbólica, da cuenta de la necesidad de priorizar la defensa de la igualdad de derechos y la erradicación del dominio sobre la mujer para ser abordada como una cuestión política de los Estados, pues “la violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo”, de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas en 1980. Han transcurrido 37 años desde entonces y las cifras son aún más aterradoras. En el mundo 1 de cada 3 mujeres ha sufrido agresiones físicas o sexuales a lo largo de su vida, la violencia de género es una de las principales causas de muerte entre las mujeres de 15 a 44 años, por delante de la suma de las muertes provocadas por el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y las guerras. Según la OMS, el 35 % de las mujeres sufre algún tipo de violencia física y/o sexual por parte de sus parejas y el 40 % la sufrirá a manos de cualquier varón en algún momento de sus vidas.

Alianza trabaja desde hace más de 30 años luchando contra las desigualdades y la injusticia global con un enfoque feminista y de derechos humanos estando presentes en más de 10 países de las regiones más desiguales del mundo. Así en Oriente Medio, nuestro trabajo se enfoca al restablecimiento de los derechos de mujeres refugiadas que se encuentran en situación vulnerable, como es el caso de Jordania, donde el 80 % de las mujeres y niñas refugiadas en zonas urbanas son más propensas al abuso sexual, físico o psicológico y el 40% de los matrimonios de refugiadas sirias se dan con niñas menores de 18 años (UNICEF).

El 75 % de las personas pobres del mundo son mujeres y de los 22 millones de abortos inseguros, el 98 % se producen en países en vías de desarrollo, principalmente de América Latina y el Caribe, la región más desigual del mundo, donde las tasas de feminicidios se cobraron en 2016 las vidas de al menos 1831 mujeres (según Naciones Unidas), 170 más que el año anterior. Precisamente, en Latinoamérica nuestra lucha radica en promover los derechos de las mujeres y reducir las brechas de acceso de estas a ejercerlos libremente, priorizando el trabajo con organizaciones de mujeres indígenas, rurales y afrodescendientes a través de acciones de empoderamiento y con un fuerte componente de incidencia, visibilizando la impunidad, brechas de acceso a justicia, así como las diferentes formas de violencia y apoyando procesos de vigilancia liderados por las mujeres y procesos de sensibilización e información a sociedad civil que promueva cambios, transforme creencias y cuestione la naturalización de la violencia contra las  mujeres que siguen  siendo asesinadas por su origen étnico, religión, orientación sexual, identidad de género, clase social y diversidad funcional.

Bolivia y Perú, respectivamente, se llevan el primer y segundo puesto en tasas de denuncia por violencia sexual por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la OEA, la mortalidad materna por abortos inseguros supone la tercera y cuarta causa de muerte y Bolivia es el país latinoamericano donde más embarazos adolescentes se producen –116 de cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años están embarazadas o tienen hijos en Bolivia– y el segundo en mortalidad materna después de Haití –206 muertes por 100.000 nacidos vivos– datos que ponen de manifiesto una escalofriante realidad.

En Colombia –donde llevamos 18 años en zonas de conflicto armado–, pese al Acuerdo de Paz, las mujeres continúan encontrando graves obstáculos para su desarrollo integral, la guerra ha tenido un impacto de género desproporcionado, según el Registro Único de Víctimas 2017, de las casi 20 mil víctimas de violencia sexual, el 90 % son mujeres. En ese contexto nuestro abordaje a esta problemática es desde los territorios, teniendo en cuenta que la violencia sexual, además de estar asociada al conflicto también tiene un componente de discriminación por factores étnicos.

Quienes trabajamos luchando contra estas violaciones a los derechos humanos sabemos que no basta con prohibir las violencias directas y visibles, sino enfrentar la violencia simbólica que se encuentran en las normas sociales y los estereotipos de género que las naturalizan, donde el sistema estructura las relaciones de poder a partir de las diferencias de género. Urge sensibilizar y concienciar a la ciudadanía contra todo tipo de micromachismo, la base del patriarcado, y resignificar el concepto de violencia de género construyendo nuevas masculinidades, desmontando el mandato actual.

Vayamos al inicio de la madeja, desarticulemos el patriarcado y la violencia contra las mujeres y garanticemos una ciudadanía plena para las mujeres, su autonomía y libertad.