La «fortaleza Europa» es en realidad un cementerio

Esta mañana nos desayunábamos con la noticia de que ocho personas perdían la vida en las aguas del estrecho al intentar entrar a nado en Ceuta. Ocho es una cifra, que todavía puede aumentar y que engrosa la cifra ya ingente de víctimas de las políticas migratorias europeas:  las estadísticas oficiales hablan de 9.000, pero se sospecha que más de 20.000 personas han encontrado la muerte en el Mediterráneo desde los años 90.

Ocho es una cifra y así se nos presenta, ocultando la realidad que está detrás de esta cifra: personas con nombre y apellido. Personas con familia compuesta de personas también, con madres y padres. Hermanos y hermanas, y posiblemente hijos e hijas que han dejado atrás, prometiéndoles que su esfuerzo y su sacrificio de una vida en común les traería una vida más digna, con menos carencias, con más posibilidades.

Personas de distintos orígenes, pero con una realidad común: la de haber arriesgado y perdido su vida en la búsqueda de un futuro mejor. Un futuro que, la misma Unión Europea que les niega la entrada,  les ha negado también en sus países de origen mediante la aplicación de las políticas comerciales más linerales de su historia, y las prácticas ilícitas de sus empresas en el continente africano.

Personas, si, que no inmigrantes, porque no han tenido siquiera la posibilidad de convertirse en eso antes de morir. La Europa Fortaleza sitúa esa prioridad en su agenda, por encima de la defensa de los derechos humanos, la solidaridad o la justicia que recoge en sus propios valores fundacionales.

Sus mecanismos de defensa convierten a su frontera Sur en escenario diario de violaciones de los derechos de quienes intentan traspasarla. La condición de «migrantes» se impone a la condición de personas. En lugar de crear mecanismos que fomenten una migración legal y respetuosa con los Derechos Humanos, Europa sigue apostando por políticas migratorias represivas y estrategias de cierre y externalización de fronteras que empujan a las personas a recurrir a redes de tráfico de personas. Y que en demasiadas ocasiones les cuesta la vida. Es parte de las contradicciones del sueño europeo, dividido entre la solidaridad y la represión.

Lo que ha ocurrido esta mañana, al igual que lo sucedido en Lampedusa, y tantas veces en el pasado, son tragedias evitables mediante una firme voluntad política que trascienda el discurso de «consternación» y «lamento por la pérdida de vidas humanas».

Quizás nuestros líderes políticos, ocupados en esos días por  las futuras elecciones europeas, deberían tener en cuenta que la ciudadanía dice BASTA YA de políticas represivas. Basta de fronteras asesinas, de dobles discursos y de doble moral. Las elecciones europeas de 2014 han de ser una oportunidad para hacer que las instituciones escuchen y entiendan a su ciudadanía. Que despierten a lo que importa a la gente real, la que habita dentro y fuera de nuestras fronteras, y de que se aseguren de que sus esperanzas, sus temores y sus prioridades se ponen por encima de las grandes empresas y de unos mercados sin rostro.

El éxito de esa cita con las urnas depende de que las instituciones europeas sepan reconectar con la ciudadanía. Ésto ha de significar primero escucharla, para asumir sus prioridades y defender sus intereses. Y la ciudadanía quiere una Europa de Derechos:  desde sociedad civil, ONG, movimientos ciudadanos y organizaciones de personas migrantes, llevamos tiempo exigiendo la implantación de políticas migratorias adecuadas en la Unión Europea, que reconozcan el derecho a la libertad de circulación de todos los seres humanos y respeten los Derechos Humanos de ciudadanos y ciudadanas dentro y fuera de las fronteras europeas. Sólo así podremos impedir que se repitan dramas como el de hoy.

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Desde Alianza por la Solidaridad llevamos más de 15 años trabajando en distintos frentes, de incidencia y en terreno para asegurar el respeto a los Derechos Humanos de las poblaciones migrantes, abordando globalmente las causas de las migraciones y desplazamientos forzosos, e incidiendo en la discriminación a las personas migrantes en su acceso a los derechos humanos y a la ciudadanía.

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