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El reto de Perú ante la disolución del Congreso

Julissa Jáuregui (@JulJauregui)

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El 28 de Julio en el desfile cívico militar, parte de la ciudadanía al paso del presidente de Perú Martín Vizcarra hizo un pedido claro: “¡Cierre el Congreso!”. El lunes 30 de septiembre, a poco más de dos meses de esta demanda, Vizcarra decidió disolver constitucionalmente el Congreso. Un Congreso que ha estado secuestrado por la oposición mayoritariamente del partido Fuerza Popular que encarna y perpetúa al régimen fujimorista.

Ante esta situación, tanto las fuerzas políticas de izquierda como liberales decidieron apoyar la disolución del Congreso aun sabiendo que perderían sus cargos y la posibilidad de ser elegidos en las próximas elecciones, poniendo por encima los intereses del país. Esto, ante una parte importante de la sociedad que cada vez parece consentir menos la corrupción y la impunidad que tanto el Fujimorismo como sus aliados han representado a la perfección.

La coyuntura política evidentemente no es la más deseable, pero abre la posibilidad de poner sobre la mesa el trabajo por un fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción, que posibilite dejar atrás una democracia precaria donde la instrumentalización de las instituciones, como el Congreso, sigue vigente.

Nos encontramos así en un escenario político y social incierto pero que da una oportunidad a los peruanos y peruanas de renovar el país. Es en esta línea donde es necesario el fortalecimiento de espacios de articulación donde la sociedad civil, instituciones, movimientos sociales, partidos políticos y la ciudadanía, se encuentren y trabajen en una agenda política que permita transitar hacia una democracia fortalecida y que responda a los intereses del conjunto del país y donde se tendrá que debatir, entre tantas cuestiones, sobre reformas a la Constitución o un nuevo proceso constituyente.

Estos espacios también deben estar vigilantes para asegurar un proceso transparente ante los continuos sucesos que se van dando y ante su primera cita con la convocatoria de elecciones parlamentarias el 26 de enero. Debe además seguir caminando más allá de esta fecha, para asegurar un proyecto de país que la ciudadanía necesita y reclama, pasando necesariamente por unas reformas profundas que cierren esta etapa de inestabilidad política y de ausencia de confianza en lo público.

Alianza por la Solidaridad trabaja en Perú desde hace más de 15 años en la promoción de los derechos de las mujeres; prevención de violencia, participación y promoción de sus derechos sexuales y reproductivos. En los últimos dos años, Alianza junto con el Movimiento Manuela Ramos, ha fortalecido las capacidades y conocimiento de más de 300 mujeres y adolescentes en igualdad de género, prevención de violencia y generación de propuestas. Así mismo se ha fortalecido la respuesta de instituciones públicas en atención de violencia de género y cumplimiento de políticas públicas y ha fortalecido la participación política de las mujeres en los niveles municipales.

 

 

 


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