Bolivia promulgó en 2013 la “Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” (Ley 348), que busca asegurar a las mujeres el acceso a la justicia mediante medidas y mecanismos legales efectivos; sin embargo, ha transcurrido 3 años desde su promulgación y las instancias encargadas de implementarla continúan teniendo limitaciones para hacer cumplir esta ley, las mujeres continúan peregrinando en busca de ayuda sin encontrar respuestas adecuadas, los índices de violencia contra las mujeres siguen incrementándose y los feminicidios se van dando con más saña en manos de agresores, que por lo general son las parejas, concubinos, esposos o padres de sus hijos e hijas de la víctima.

Los operadores de justicia han burocratizado y alargado los procesos, las víctimas buscan respuestas inmediatas y la Ley 348 “instruye celeridad”; si bien, se debe garantizar el debido proceso y se deben respetar las reglas, el personal y los recursos son insuficientes en las instancias competentes para implementar la ley de manera efectiva.

Una de las principales dificultades para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres son los escasos recursos para desarrollar distintas iniciativas. Existen marcos normativos favorables, y promisorios como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen la meta específica de poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas; no obstante, requieren un financiamiento suficiente para producir cambios concretos y significativos en la vida de las mujeres.

Erradicar la pandemia de la violencia de género es un gran desafío, mucho más que cualquier otro tipo de avance científico, cultural o tecnológico.

Para detener la violencia de género, es necesario que cada sociedad, y la humanidad entera, aplique la práctica del diálogo y del amor, la comprensión y la tolerancia… es imperioso modificar formas de pensar, actuar y las costumbres que naturalizan la violencia, por otras que más bien contribuyan a una cultura de paz.

Se debe hacer un llamado a toda la sociedad, a crear una cultura de prevención para avanzar en la construcción de una sociedad que promueva, proteja y respete los derechos de las mujeres, libre de violencia y sin impunidad.

«La violencia contra la mujer es la más vergonzosa violación de los derechos humanos”