Comunidades de El Salvador celebran la moratoria para la explotación industrial de su acuífero

Las comunidades de Nejapa, en el Salvador, celebraron ayer la moratoria de un año en la concesión de nuevos permisos de explotación en el acuífero del que depende su consumo de agua, y que está siendo sobreexplotado por grandes empresas, entre otras una embotelladora de Coca Cola. La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció esta semana que, durante ese tiempo, se realizarán estudios científicos que certifiquen la situación real de este depósito de aguas subterráneas.

Ayer se presentó en el municipio el informe, realizado por Alianza por la Solidaridad y el Foro del Agua, que certifica el impacto ambiental y social de estas inversiones, un acto en el que los asistentes señalaron que estarán pendientes del cumplimiento de esta moratoria a través de las herramientas ministeriales e interinstitucionales que se pongan en marcha.

La campaña TIERRRA de Alianza por la Solidaridad fue lanzada el pasado mes de junio con el objetivo de detener la intención de la embotelladora de Coca-Cola de ampliar su planta industrial ubicada en el acuífero y exigir a esta que reduzca un 22% su consumo de agua, dado que aún sin esta pretendida ampliación, el acuífero, ubicado en uno de los países con más estrés hídrico del continente, ya se encuentra en situación crítica. Situación que también ha reconocido la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que ha considerado probado que el derecho humano al agua de los vecinos de esta región está siendo vulnerado ante la actuación de empresas que no realizan de manera responsable sus inversiones.

Los ciudadanos de Nejapa también denuncian la inacción, hasta ahora, del Gobierno, al que señalan que «debe establecer mecanismos de protección de este acuífero, de financiación urgente para garantizar este derecho y mejorar las condiciones de acceso y calidad de agua a población«. Así mismo, también demandan a la Asamblea Legislativa la ratificación de la reforma constitucional del artículo 69, que busca garantizar el derecho al agua y alimentación de todos los habitantes de El Salvador, y la aprobación inmediata de una Ley General de Aguas que garantice la gestión pública y comunitaria.

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