La defensa del agua aumenta la persecución de activistas en Latinoamérica

En el Día Mundial del Agua, denunciamos que la defensa del acceso a agua no contaminada está aumentando la presión, en forma de persecución, acoso e incluso asesinato, sobre las personas activistas en lugares como Latinoamérica. El estrés hídrico va en aumento por la confluencia del cambio climático con prácticas extractivas que se están intensificando. Hoy, según datos de la OMS, aún una de cada cuatro personas en el mundo no tiene acceso a agua potable y un 40% sufre escasez.

Presión sobre el agua y la tierra en el Sur global

La situación es muy preocupante en algunos de los territorios donde trabajamos, como América Latina, África y Oriente Próximo. En África, son las sequías generadas por el cambio climático. En Palestina, la situación de ocupación de Israel y el conflicto armado. Y en América Latina, son los agronegocios y las hidroeléctricas las que están detrás del expolio del agua. Algo que provoca vulneraciones de derechos humanos fundamentales y violencia contra quienes se enfrentan a este acaparamiento.

Conviene recordar que el último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, en inglés) advierte de que América Latina ya se está viendo afectada por el incremento del nivel del mar, la erosión costera, la acidificación del océano y las sequías extremas. El mismo informe también alerta de cómo afectará a la agricultura, tanto en la región andina, por la desaparición de los glaciares, como en Centroamérica, donde ya hay importantes movimientos migratorios.

Según la FAO-OCDE, América Latina y el Caribe representan ya el 14% de la producción agrícola mundial y el 23% de las exportaciones. Se prevé un aumento del 22% de los cultivos y del 16% de los productos ganaderos en seis años (2028). Sin embargo, no hay seguridad alimentaria en la región porque muchos hogares no pueden costearse alimentos y la pobreza extrema va en aumento, reconocen ambos organismos. Esta presión sobre el agua y la tierra se está incrementando sin que se tomen, de manera urgente, medidas de adaptación al cambio climático.

La defensa del agua aumenta la persecución de activistas en Latinoamérica

En este contexto, crece la criminalización de las personas defensoras ambientales. El último informe de Global Witness, de 2021, recoge un total de 227 asesinatos en el mundo en 2020. A la cabeza está Colombia. Entre los diez países con más crímenes de este tipo también están México, Brasil, Honduras, Guatemala y Nicaragua.

Acceso al agua para las personas

Junto a otras diez organizaciones en la Comunidad Valenciana, hemos impulsado un manifiesto para apoyar a las comunidades del Sur global afectadas por el monocultivo de la caña de azúcar. Los impactos de este monocultivo han sido documentados en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Colombia en el informe “El amargo negocio de la caña de azúcar: ¿desarrollo para quién?”. Por ejemplo, se estima que este año el 80% de El Salvador registrará niveles máximos de estrés hídrico por la escasez de agua. Sin embargo, la actual Ley de aguas en ese país garantiza 37 mil litros de agua durante 15 años para la industria cañera, al tiempo que desprovee a las juntas comunitarias de agua.

También recordamos casos de defensores como el del guatemalteco Bernardo Caal Xol. Está encarcelado en su país desde enero de 2018 (hace más de cuatro años) por la defensa de los ríos Cahabón y Oxec. Sucedió a raíz de la instalación de grandes presas hidroeléctricas que colapsaron los cauces, en territorio indígena, para exportar energía. Estas obras se hicieron vulnerando el Convenio 169 de la OIT, que obliga a realizar una consulta a los pueblos indígenas para obtener su consentimiento informado.

Por empresas responsables

Reclamamos al Gobierno de España una Ley de debida diligencia. Esta ley obligaría a las empresas españolas o que operan en el Estado a identificar y evaluar el riesgo de que su actividad impacte negativamente, de manera directa o indirecta a través de su cadena de valor, en el disfrute de los derechos humanos y el medioambiente. Además, facilitaría el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados.

Llevamos casi 40 años trabajando en proyectos de acceso al agua en Colombia, Nicaragua, Guatemala o Senegal. Lo hacemos gracias a financiación de la AECID, de la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA) y la Oficina Europea de Ayuda Humanitaria (ECHO).

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