Contradicciones del Parlamento Europeo: “Solidaridad vs vigilancia”

Presionado por los últimos acontecimientos en Lampedusa, el pasado 23 de octubre el Parlamento Europeo debatía sobre la ley Bossi-Fini, una norma italiana que criminaliza a quienes concedan ayuda a las personas migrantes que intentan acceder a Europa por cauces no legales.

Tras el debate, se aprobó una resolución sobre la obligación jurídica que tienen los países miembros de la Unión Europea de ayudar a los inmigrantes en peligro en el mar. El texto aprobado pide asistencia humanitaria para los supervivientes e insta a la UE y a los Estados miembros a revisar y modificar cualquier ley para garantizar que la ciudadanía no pueda ser castigada por ayudar a los inmigrantes en el mar.

Con esta medida la UE pide que no se criminalicen los rescates para evitar más muertes como las ocurridas en la reciente tragedia de Lampedusa, tragedia que se podría haber evitado con una verdadera voluntad política.

El Parlamento respalda, a su vez,  la propuesta de la Comisión Europea de llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate desde Chipre hasta España pensando en crear una guardia costera comunitaria; una migración legal y sanciones penales para quienes sean responsables del tráfico de personas.

La Eurocámara, en línea con los valores fundacionales europeos de respeto y promoción de los Derechos Humanos,  destaca que para evitar estos dramas se debe dar: “un enfoque coordinado basado en la solidaridad y la responsabilidad, con la ayuda de instrumentos comunes”.  Sin embargo, el Parlamento pide también mayores fondos para la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (FRONTEX). Una incoherencia de posiciones.

La misión de FRONTEX es «promover una gestión coordinada de las fronteras europeas». En la práctica, su función consiste en interceptar las embarcaciones con personas migrantes que intentan llegar a las costas italianas o españolas, luchando contra lo que la UE denomina “migración clandestina”, y llevar a cabo la devolución de las personas migrantes interceptadas.

En este pleno la Eurocámara se lamenta de las pérdidas humanas y apuesta porque la tragedia de Lampedusa sea “un punto de inflexión para Europa”. Pero este punto de inflexión no se puede producir mientras se sigue apostando por políticas migratorias represivas, y estrategias de cierre y externalización de fronteras que, en lugar de crear mecanismos que fomenten una migración legal y acorde al marco del respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos, empujan a las personas a recurrir a redes de tráfico de personas. Políticas centradas en la mera vigilancia de fronteras sin tener en cuenta la seguridad de las personas no es sinónimo de solidaridad.

La UE no está apostando por la solidaridad de los estados sino por el continuismo de medidas coercitivas cuya consecuencia es perpetuar estas tragedias. Desde Alianza por la Solidaridad trabajamos para incidir en que las políticas migratorias europeas se realicen verdaderamente desde un enfoque de Derechos Humanos. Consideramos que la prevención y reducción de la migración irregular  no puede traducirse únicamente en políticas de control migratorio, como el sistema FRONTEX, si no en establecer mecanismos eficaces para detectar las necesidades de protección internacional de las personas interceptadas.

Desde sociedad  civil exigimos  unas políticas migratorias y de asilo que respeten los Derechos humanos, la interculturalidad y diversidad, el derecho a la libre circulación, sociedades sin fronteras plurales y democráticas en pro de una ciudadanía global y verdaderamente solidaria.

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