Bolivia

Las profundas desigualdades sociales y altos índices de pobreza y exclusión que afectan a más de la mitad de la población, especialmente a las mujeres y a las comunidades indígenas, hacen de Bolivia el país latinoamericano con mayor nivel de violencia física contra las mujeres y el segundo, después de Haití, en violencia sexual. Siete de cada diez mujeres son víctimas de violencia dentro de sus hogares y una mujer muere cada tres días víctima de feminicidio, cifra que se incrementa cada año.
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Los derechos sexuales y reproductivos de las bolivianas son vulnerados constantemente debido a la falta de información, las dificultades para acceder a métodos de planificación familiar, la ausencia de una atención adecuada y la discriminación por razones género y etnia. Todo ello tiene como consecuencia embarazos adolescentes, falta de atención médica durante la gestación y altos niveles de mortalidad materna.

Aunque, según la ley, la asistencia sanitaria para la interrupción del embarazo debe ser facilitada de forma gratuita cuando se trata de violación, incesto o estupro, o cuando supone un riesgo para la vida y la salud de la madre, en la mayor parte de los casos las mujeres en esta situación encuentran múltiples obstáculos, recurriendo a abortos inseguros, práctica que constituye la tercera causa de mortalidad materna en el país, y en algunos departamentos, la primera.

Actualmente está revisándose el nuevo proyecto del Código Penal, ya aprobado por la Cámara de Diputados/as, que en su artículo 153 amplía las causales de despenalización del aborto cuando se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, cuando sea consecuencia de reproducción asistida no consentida por la mujer o cuando la embarazada sea niña o adolescente. Asimismo, podrán interrumpir el embarazo en las primeras 8 semanas de gestación las mujeres que tengan a su cargo personas adultas mayores, con discapacidad, u otros menores consanguíneos o no, o las mujeres que sean estudiantes.

Otro problema para las bolivianas es su dependencia económica, lo que afecta a su independencia y a su desarrollo personal. Aunque en los últimos años en Bolivia ha habido avances sociales, políticos y económicos, la brecha de pobreza entre hombres y mujeres continúa creciendo.

Alianza, en apoyo de los derechos de las mujeres bolivianas

Alianza por la Solidaridad trabaja desde hace 28 años en Bolivia, más concretamente en los departamentos de La Paz y Cochabamba –en el oeste y centro del país respectivamente–, promoviendo el liderazgo de las mujeres en el conocimiento y ejercicio de sus derechos sexuales, reproductivos y para disfrutar de una vida libre de violencia. Esta misión la llevamos a cabo dentro de la campaña #SinRiesgo, una iniciativa promovida por Alianza por la Solidaridad, el Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto y otras organizaciones aliadas como el Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES), el Centro de promoción de la mujer Gregoria Apaza y Católicas por el Derecho a Decidir, para informar sobre los riesgos que corren la salud y la vida de las mujeres en una sociedad que castiga a aquellas que deciden, por diversas situaciones, optar por la interrupción de un embarazo y a concienciar sobre la necesidad de garantizar sus derechos sexuales y reproductivos.

En Alianza por la Solidaridad también trabajamos para promover leyes políticas públicas que garanticen no solo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino también el derecho a vivir una vida libre de violencias y los derechos económicos. En este punto, Alianza por la Solidaridad lleva a cabo iniciativas orientadas a fomentar la independencia económica de cientos de mujeres gracias a proyectos de emprendimiento y a la puesta en valor de la economía de cuidados, tareas que realiza un alto porcentaje de las mujeres bolivianas en exclusiva y que es completamente invisibilizado y sin el reconocimiento necesario.

Del mismo modo, realizamos campañas de sensibilización a la sociedad en general, formando a lideresas comunitarias y al funcionariado de las instituciones públicas de Salud y Justicia sobre los derechos de las mujeres y contra patrones culturales que respaldan la discriminación y violencia hacia las mujeres.

¿Con quién lo hacemos?

Trabajamos con la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa”, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, la Oficina Jurídica para la Mujer (OJM), Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES), el Instituto de Formación Femenina Integral y otras organizaciones aliadas. Además colaboramos estrechamente con los gobiernos e instituciones locales y, a nivel nacional, se coordina y realizan acciones conjuntas con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, el Ministerio de Comunicación y la Vicepresidencia del Gobierno, entre otros.

Gran parte del trabajo en la región cuenta con cofinanciación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), de la Generalitat Valenciana y de la Unión Europea.

Desarrollo Humano: en el puesto 113 de 187 países
 

Bolivia es el país latinoamericano con mayor nivel de violencia física contra las mujeres y el segundo en violencia sexual.

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Equipo de Alianza en Bolivia
 
Estamos en Bolivia

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