Denunciamos los presupuestos de la desigualdad

El presupuesto del Estado para 2015 consolidado (incluyendo Seguridad Social y otras partidas) asciende a 440.077,79 millones: 9.462 euros por habitante. Las organizaciones feministas firmantes hemos analizado, por séptimo año consecutivo, la repercusión en la igualdad entre hombres y mujeres de la cuantía y distribución del gasto público y de los ingresos que lo alimentan. A diferencia del Informe Oficial de Impacto de Género que acompaña al Proyecto de Presupuestos, nosotras SÍ queremos hablar de dinero, queremos hablar de TODO el dinero público y queremos que toda la sociedad y el parlamento que la representa usen el criterio de igualdad social y de género en su voto al Presupuesto.

Las grandes cifras del Presupuesto 2015 están condicionadas por el lastre de la deuda pública y maquilladas por artificios como la elevación del PIB por incluir la prostitución y la presunción de que habrá un aumento del empleo y del consumo, que a su vez producirán un aumento de los ingresos públicos pese a la reforma tributaria: es un año de elecciones municipales, a 13 Comunidades Autónomas y legislativas.

La prostitución y el tráfico de drogas ‘elevan’ un 0,85% el Producto Interior Bruto de España, más de 9.000 millones de euros, y sumadas a otras “mejoras estadísticas” aumentan artificiosamente el 3,3% el PIB de la zona euro y de España, maquillando su estancamiento. Denunciamos que los gobernantes incumplan la medida 206 de la Plataforma de Acción de Beijing 1995 y no contabilicen bienes y servicios de cuidados de la infancia y personas dependientes que son necesarios y producidos mayoritariamente por mujeres mediante trabajo doméstico no pagado, y sin embargo se suban sobre actividades ilícitas para ‘crecer’.

Lo que crece de verdad es la deuda pública. En 2015 se prevé pagar 160.231 millones por la suma de 35.560 millones de intereses (Capítulo 3) y 124.571 millones de activos y pasivos financieros (Capítulos 8 y 9). Es un 9,9% más que en 2014, sufriendo las adquisiciones de bancos en quiebra, préstamos y avales privados, y superó en junio 2014 el billón de euros, por lo que seguirá ahogando el gasto público social y de creación de empleo, por ello seguimos reclamando una Auditoría Ciudadana de la Deuda.

La reforma tributaria que debate ahora el Senado no aborda el fraude fiscal, mantiene en el IRPF la tributación conjunta de cónyuges que desincentiva el empleo de las mujeres, establece deducciones y desgravaciones de casi el 20%, que distorsionan que cada persona contribuya según su capacidad y que sean las políticas de gasto social las que atribuyan a cada persona según sus necesidades, reduciendo la progresividad, al integrar los cinco tramos de ingresos superiores a 35.000 €/año con gravamen gradual del 40% para los de más de 33.000 al 52% para los de más de 300.000, en dos tramos, gravando con el 39% los ingresos superiores a 35.200 y el 47% los superiores a 60.000. En el 2º gran impuesto, el IVA, se mantienen los tipos (general del 21% y reducido del 10%), y el presupuesto incluye una previsión de aumento de la recaudación del 9,9% ‘por aumento del consumo’. En el tercer gran impuesto, sociedades, que grava los beneficios empresariales, el gravamen baja del 30% al 28%. En conjunto, baja la progresividad y por tanto la justicia social y de género, y es dudoso que las rebajas permitan financiar el gasto social.

Más razones para luchar por los derechos de las mujeres

1.- Mínima recuperación del empleo femenino, precarización y desprotección del desempleo.
2.- Políticas de igualdad de las mujeres: subida para el Instituto que gestionará el 2% del Plan de Igualdad y el 0,005% del Presupuesto, y deberá suplir el recorte a los ayuntamientos.
3.- El programa contra la Violencia de Género sube un 8,6%, insuficiente para suplir la extinguida financiación municipal de los puntos de atención a la violencia de género.
4.- El Estado atenderá al nivel mínimo a 723.471 personas en situación de dependencia, el 45% de los 1.613.570 solicitantes, con un promedio de 136 euros por persona y mes.
5.- La aportación del Estado a los servicios sociales municipales será de 7 euros por persona atendida.
6.- Se consolida una Sanidad Pública menos pública, universal y gratuita, y de menor calidad.
7.- Educación: las apuestas de la LOMCE incluyen la segregada, pero no la infantil ni la compensatoria.
8.- ¿No hay diferencias por sexos en el sistema de pensiones?
9.- La cooperación al desarrollo se mantiene estancada en niveles de principios de los años 90.

Puedes consultar todos los datos y el manifiesto completo en la web de Impacto de Género Ya.
 

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