Las empresas españolas o asentadas en España que invierten en países en desarrollo no tienen ningún control por parte de las autoridades nacionales del desarrollo de su actividad exterior para comprobar si cumplen o no con los derechos humanos y los derechos ambientales en los países en los que invierten y de los que extraen los recursos naturales. Consecuencia de esta falta de seguimiento es la existencia de compañías que expolian tierras en África, ponen en riesgo acuíferos en Centroamérica o construyen presas hidroeléctricas sobre ríos indígenas. Son algunos de los casos que ha documentado la organización Alianza por la Solidaridad en el último año.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, Alianza recuerda que desde el lanzamiento de la campaña TieRRRa –cuyo objetivo es sensibilizar sobre la necesidad de que las inversiones sean “responsables” social y ambientalmente–, se han recogido 36.000 firmas de apoyo a los pueblos afectados por compañías radicadas en España.

Para la responsable de programa de Desarrollo Local Sostenible de Alianza, Almudena Moreno, “las inversiones y las empresas deberían contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población en los países en desarrollo, pues gestionadas de forma adecuada propiciarían el apoyo a derechos como el acceso a una alimentación adecuada, al agua potable y a un medio ambiente sano, pero muchas veces no es así”.

Una de las empresas analizadas por Alianza este año, ha sido la multinacional Coca Cola. Su embotelladora en El Salvador, Industrias la Constanza, pretendía ampliar sus instalaciones poniendo en riesgo el acuífero de Nejapa, único agua potable disponible para la población. La presión social de la campaña TieRRRa, en España y El Salvador, logró parar esta ampliación y que se hicieran los primeros estudios oficiales del sobreexplotado acuífero.

Asimismo, en Guatemala la empresa de origen gallego Hidralia-Ecoener pretendía construir una hidroeléctrica sobre el río Canbalam, pese a la oposición de las comunidades indígenas, lo que generó un grave conflicto social en la zona. Finalmente, la empresa desistió del proyecto –también a raíz de la campaña que ha recogido ya más de 20.000 firmas–, aunque dejó los problemas en el territorio.

Con anterioridad, en 2014, Alianza ya reveló cómo la empresa catalana Agrogeba acapara tierras de cultivo en Guinea Bissau para producir arroz, perjudicando a las comunidades de la zona en la que se ha asentado.

Alianza, que cumple 30 años en defensa de los derechos humanos, ambientales y sociales y de los recursos naturales, recuerda que los mismos derechos humanos y sociales y la misma protección ambiental que en Europa puede dañar el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre la UE y Estados Unidos, también los están vulnerando empresas españolas en países donde los líderes ambientales y comunitarios que se oponen a sus proyectos son denunciados, detenidos e incluso asesinados. Sólo en Guatemala, en 2015, hubo 493 agresiones a líderes de derechos humanos y casi el 60 % fueron por protestar por desastres ambientales provocados por empresas, según datos de la Fiscalía del país.