Poner fin a los abusos empresariales es el objetivo de la campaña Apoya una Ley Made in Spain, presentada hoy por la Plataforma por las Empresas Responsables, de la que formamos parte. Una iniciativa que busca el apoyo ciudadano para exigir al Gobierno una ley que acabe con los abusos de las empresas, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

En la actualidad, las empresas operan en todo el mundo, desarrollando sus actividades o comercializando sus productos más allá de sus fronteras nacionales.  En muchos casos, las empresas no actúan respetando los derechos humanos y/o el medioambiente. Los acuerdos de voluntariedad se han demostrado que no son suficientes. Las malas prácticas empresariales siguen causando graves perjuicios a las personas, las comunidades y la naturaleza. Además, a menudo, las empresas no rinden cuentas y las víctimas no pueden acceder a la justicia ni ser reparadas.

Una ley que ponga fin a los abusos empresariales

Es urgente que España apruebe una ley que garantice justicia frente a empresas que abusan. Para que la ley sea efectiva, debe adoptar requisitos claros, sólidos y exigibles a las empresas. De modo que estas actúen con la debida diligencia, respetando los derechos humanos y el medioambiente a lo largo de su cadena de valor. Una ley que también garantice el acceso a la justicia para las víctimas de abusos corporativos.

La UE ya ha dado un primer paso: una propuesta de directiva sobre debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad. Sobre ella, Amaya Acero, del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y coordinadora de la Plataforma por las Empresas Responsables, indica:

“Pese a ser un paso fundamental hacia la rendición de cuentas, la conducta empresarial responsable y el acceso a la justicia, contiene ciertas fallas que podrían hacer que la futura ley no sea realmente efectiva”.

Contar con una legislación nacional de debida diligencia empresarial es beneficioso para todos

Otros países ya cuentan con legislación nacional sobre responsabilidad empresarial. Es el caso de Francia, desde 2017, Alemania y Noruega, desde 2021. En Francia, con un mayor recorrido, las personas afectadas por los abusos cometidos por empresas francesas en terceros países (EDF en México o Casino en la Amazonía Brasileña y Colombiana) pueden reclamar justicia ante los tribunales franceses. Esto demuestra que contar con una ley nacional es efectivo para poner fin a los abusos empresariales y garantizar la reparación a las víctimas. Así lo contó Eduardo Villarreal, de Prodesc México:

“Se ha puesto una demanda civil en Francia al gigante EDF. Por la escalada de violencia que generó en Unión Hidalgo al no respetar los derechos de los pueblos indígenas. Estos no fueron consultados ni dieron su consentimiento a la actividad de la empresa en sus territorios (…) sin esta legislación, la comunidad zapoteca no habría podido demandar a EDF. La empresa se habría escudado en que tendría que haber sido juzgada por la autoridad mexicana”.

En Alemania, la ley aún no ha entrado en vigor, pero Franziska Humbert, de Oxfam Alemania, ha destacado el amplio apoyo a la ley del Gobierno, el sector empresarial y la ciudadanía.

“Las empresas que apoyan la legislación quieren igualar el terreno de juego para que aquellas que lo hacen bien de forma voluntaria no se encuentren en desventaja competitiva”.

España tiene la oportunidad de liderar la construcción de una economía respetuosa con los derechos humanos y el medioambiente

En diciembre de 2021, el Secretario de Estado de la Agenda 2030 anunció el trabajo sobre una iniciativa legislativa de debida diligencia en materia de derechos humanos. En abril de este año se ha llevado a cabo una consulta pública del anteproyecto de Ley.

“El Gobierno ha dado un primer paso, incluyendo en el Plan Anual Normativo la propuesta de ley. Ahora necesitamos que se haga realidad y llegue al Congreso para ser votada en esta legislatura. ¡Los derechos humanos y las víctimas no pueden esperar más!” , apuntó Almudena Moreno, de Alianza por la Solidaridad-ActionAid.

Las organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables se movilizan para pedir apoyo a la ciudadanía con la campaña “Apoya una Ley Made in Spain” para exigir que España apruebe una ley que sea realmente eficaz.

Contar con una ley nacional ayudaría a fortalecer el texto de la directiva europea que, aunque significa un punto de inflexión en la lucha para terminar con la impunidad corporativa, adolece de importantes carencias y excepciones que pueden socavar su finalidad.

Pedimos al Gobierno cumplir con su promesa electoral y asumir el liderazgo en la construcción de una economía respetuosa con los derechos humanos y medioambientales y aprobar, sin demora, una legislación de debida diligencia empresarial antes de que acabe la legislatura. Las víctimas de abusos cometidos por empresas no pueden esperar.