Alianza por la Solidaridad alerta sobre la crisis humanitaria que desencadenan los asentamientos ilegales israelíes en Palestina

Miércoles, 15 febrero 2017

Continúan las demoliciones de colegios, clínicas e infraestructuras construidas con donaciones humanitarias destinadas a la población. Los asentamientos israelíes que se pretenden legalizar se suman a las 5.800 nuevas viviendas que Israel quiere construir en Jerusalén Este y Cisjordania. Alianza exige al Gobierno español un posicionamiento claro contra los asentamientos ilegales y su regularización por Israel.

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El proyecto de ley aprobado por el Gobierno de Israel el pasado 6 de febrero, para legalizar asentamientos ilegales de ciudadanos israelíes en tierras palestinas privadas, allanando el camino a nuevas ocupaciones, es ilegal y tendrá un grave impacto humanitario en la situación de las comunidades palestinas más vulnerables de sus alrededores en Cisjordania. Cada nuevo asentamiento supone demoliciones de casas e infraestructuras palestinas, generando un recrudecimiento de la crisis humanitaria que se vive en el territorio palestino ocupado desde hace 50 años, con la violación sistemática del derecho internacional.

Desde la última adopción de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 23 de diciembre de 2016, que califica de “fragante violación” del derecho internacional estos asentamientos, Israel ha adoptado medidas sin precedentes para promover su expansión. Al anuncio de la construcción de 5.808 viviendas en los asentamientos de Jerusalén Este y Cisjordania, se ha sumado ahora un proyecto de ley de regulación, recurrido judicialmente por el Fiscal General del país, que de aprobarse supone un aceleramiento del proceso de anexión de gran parte de Cisjordania, aumentando el riesgo de traslados forzosos de comunidades palestinas, según las ONG que trabajan en el terreno, entre las que se encuentra Alianza por la Solidaridad.

La futura ley no concede la propiedad de la tierra a los colonos, pero sí les permite utilizarla, un derecho que se niega a sus auténticos propietarios, lo que abre la puerta a la futura toma de posesión potencial de la tierra y a que surjan nuevos asentamientos. Por primera vez, el Gobierno israelí propone un Proyecto de Ley que se aplica a ciudadanos que son de su país.

Hay que recordar que en 2016  hubo el doble de demoliciones de viviendas y edificaciones palestinas (1.092) que en 2015 (547). Además, Alianza recuerda que existen varias escuelas y clínicas que están amenazadas de demolición o cuyas obras se encuentran paradas en Jerusalén Este y el Área C (la zona ocupada bajo control militar y civil de Israel), cuya construcción ha sido posible gracias a donaciones para ayuda humanitaria internacional. En lo que va de año, ya han sido demolidas 187 casas palestinas y 68 infraestructuras, algunas de ellas también financiadas por la ayuda exterior.

Por otro lado, frente al empeoramiento de la situación en Cisjordania y Gaza, la Unión Europea redujo a un tercio la asistencia humanitaria que proporcionaba para esta zona: de 600.000 euros en 2015 pasó a dedicar  200.000 euros en 2016. Mujeres y menores son el grupo más vulnerable en este contexto de violencia, como día a día comprueba Alianza por la Solidaridad en las clínicas y centros de atención que tiene en el territorio ocupado.

Se estima que la regulación que ahora se pretende, según datos de Peace Now, afectaría hasta a 4.000 casas ilegales en más de 50 puestos avanzados. En 16 de ellos, ya se han dictado órdenes de demolición de viviendas construidas en lo que son terrenos de palestinos. Esto incluye propiedades en los asentamientos de Ofra, Eli, Netiv Ha’avot, Kokhav Hashahar, Mitzpe Kramim, Alon Moreh, Ma’aleh Mikhmash, Shavei Shomron, Kedumim, Psagot, Beit El, Yitzhar, Har Bracha, Modi’in Illit, Nokdim y Kokhav Yaakov. En pocas palabras: la ley se refiere a 16 asentamientos, si bien podría ampliarse a los 55 puestos de avanzada, que serían plenamente legalizados y podrían expandirse libremente en el futuro.

Desde Alianza por la Solidaridad, se exige el claro posicionamiento del Gobierno español en contra esta ley que vulnera la normativa internacional, así como una contundente declaración de las autoridades europeas en defensa de los derechos de la población palestina, que incluya la exigencia del cumplimiento del Gobierno de Netanyahu de las resoluciones aprobadas en las Naciones Unidas.


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