¿Cómo proteger los derechos de las mujeres de las malas prácticas empresariales? Este debe ser el objetivo de la futura Directiva de Diligencia Debida y Sostenibilidad Corporativa en la que la Unión Europea lleva trabajando tres años. Entramos ahora en una etapa crucial para garantizar que la actuación de las empresas no suponga una violación de los derechos humanos o daños en el medioambiente.

Esta Directiva podría representar un hito en la reducción de los impactos negativos que la actuación de las empresas tiene sobre sus trabajadores y trabajadoras, las comunidades locales y el medioambiente en todo el mundo. Sin embargo, organizaciones sociales y sindicatos consideran que el borrador del texto de la legislación se ha diluido de manera preocupante en los últimos meses, como resultado del intenso lobby empresarial y de los gobiernos que actúan para proteger a las empresas en lugar de a los derechos humanos.

“Durante el debate en los últimos meses en el Consejo Europeo, algunas partes del proyecto de Directiva se han debilitado drásticamente”, han denunciado desde la Plataforma por Empresas Responsables.

La propuesta del Consejo, que adolece preocupantemente de un enfoque de género, reduciría el alcance de los derechos humanos, no garantizaría el acceso a la justicia y no mejoraría las disposiciones sobre la debida diligencia medioambiental y climática.

Proteger los derechos de las mujeres de las malas prácticas empresariales

Las mujeres constituyen la mayoría de la fuerza laboral en muchas cadenas de valor internacionales, como la fabricación de prendas de vestir o la agricultura. Sin embargo, la propuesta de legislación no reconoce esta realidad.

La violencia sexual y de género, el acaparamiento de tierras, la contaminación ambiental y la explotación tienen efectos diferentes y desproporcionados en las mujeres. Estos impactos de género de la actividad comercial y empresarial tienen lugar en todos los sectores y a lo largo de toda la cadena de valor. Sin embargo, el texto de la futura Directiva no tiene en cuenta los derechos de las mujeres y existe un riesgo real de que la UE no cumpla con su compromiso con la igualdad de género.

Las mujeres enfrentan barreras adicionales para acceder a la justicia, como la financiación de demandas judiciales o el acceso a la información. Cuestiones que siguen sin abordarse en el proyecto de texto.

Para ayudar a quienes tienen que tomar las decisiones, desde ActionAid hemos elaborado un documento en el que se establecen 10 pasos esenciales para garantizar que las empresas protejan los derechos de las mujeres y que la propuesta de Directiva sea sensible al género.

El peligro de no incluir al sector financiero

Uno de los escollos está en que muchos tipos de servicios financieros, grandes fondos institucionales y gestores de activos no entrarían en el ámbito de aplicación de la Directiva. Lamentablemente, según la información publicada por Euractiv, España, junto con Francia e Italia,  estaría a favor de no incluir al sector financiero en el ámbito de aplicación de la Directiva de Debida Diligencia de Sostenibilidad Corporativa.

La exclusión del sector financiero no solo reduciría la eficacia de la Directiva, sino que también tendría importantes implicaciones para las personas y el planeta. Además, sería contrario a los principios básicos de las guías de la OCDE y los informes de los Puntos Nacionales de Contacto (PNC). Recientemente, el grupo de trabajo sobre Empresa y Derechos Humanos de la ONU ha reafirmado en su último informe la responsabilidad de los inversores institucionales y los bancos a la hora de evitar causar efectos negativos sobre los derechos humanos.

Derechos humano y empresas: el papel de España

La Plataforma por Empresas Responsables, de la que Alianza por la Solidaridad-ActionAid formamos parte, hemos pedido a España retirar su propuesta y favorecer una legislación que refuerce el compromiso con los derechos humanos y el medioambiente. En estos momentos, parece que el texto recoge la posibilidad de que sean los propios países los que decidan sobre ello cuando tengan que trasponer la Directiva a nivel nacional.

Recordamos que el Gobierno Español tiene entre sus compromisos una ley nacional de debida diligencia, cuyo anteproyecto está parado en un cajón desde hace meses, poniendo en peligro su tramitación y aprobación en lo que queda de legislatura.